Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador aplicar con todo el rigor de la ley a los grupos sociales y estudiantes, quienes toman las casetas de las autopistas.
“De nada sirve tener leyes actualizadas si no existe la voluntad política de llevar a la cárcel a los responsables de afectar el comercio de nuestro país y bloquear las vías de comunicación”, manifestó el líder empresarial.
“De nada servirá cualquier reforma legislativa si las autoridades no intervienen de forma expedita para garantizar la paz social, pilar imprescindible para el crecimiento económico de nuestro país”, manifestó el presidente de Concanaco-Servytur.
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Agregó que las sanciones de 7 años de cárcel a quienes toman casetas de cobro es un primer paso para garantizar el libre tránsito de personas y mercancías, un derecho indispensable para la reactivación económica de México.
Según el organismo empresarial, la entrada en vigor de la reforma al artículo 533 a la Ley de Vías Generales de Comunicación la posible sanción de “tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización” a aquellos que “para obtener un lucro interrumpa el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje” debe ir acompañada de un compromiso por parte del gobierno.
“Esta reforma legislativa debe ir acompañada de un compromiso firme por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para hacer cumplir las sanciones y conseguir así disuadir a los delincuentes de obstruir las vías de transporte, que son de todas y todos los mexicanos”, insistió el empresario.
Forbes México informó que Caminos y Puentes Federales (Capufe) registró una pérdida de 6 mil 078 millones de pesos desde que llegó como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha apoyado fuertemente a la comunidad Yaqui de Sonora con un plan para llevarle agua potable a través de un ducto, una zona de riego y una zona económica especial.
Las mermas de Capufe fueron de 2 mil 044 millones de pesos durante todo el gobierno Enrique Peña Nieto y de 30 millones de pesos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa por las tomas de casetas.
Capufe perdió más de 4 mil 999 millones de pesos por la toma de casetas realizadas por los integrantes del Movimiento Libre Tránsito, las comunidades del Pueblo Yaqui y otros grupos sociales en Sonora entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.
La Carretera Federal 95D, que es integrada por la autopista México-Cuernavaca y Cuernavaca-Acapulco, reporta registra pérdidas de 741 millones de pesos por la toma de casetas del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021.
Detrás de la toma de casetas de la también de la Autopista del Sol, conocida así por, están desde hace varios años los normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, así como otros grupos de protesta social del estado de Guerrero, Morelos y Ciudad de México.
En 2021, la Carretera Federal 150D (Tehuacán-Oaxaca) le dejó pérdidas por 20 millones 485 mil pesos a Caminos y Puentes Federales, así como en 2020, el Puente Sinaloa (Guamúchil – Guasave) dejó mermas por 89 millones 316 mil pesos y 2019 hubo un quebranto de 176 millones de pesos por la toma de casetas de la autopista Tecate- La Rumorosa, en Baja California.
“Los empresarios de Guerrero, a los que la Concanaco-Servytur representa por ley y como el organismo empresarial del sector terciario en el país, consideran que actos vandálicos como los registrados en la caseta de Palo Blanco afectan la imagen y la actividad económica de todo el estado, cuya actividad principal es el turismo, sector menoscabado por la inseguridad que este tipo de actos genera”, comentó la Confederación.
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Agregó que es por ello que respaldan a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que continúen aplicando la ley y sigan dando una respuesta firme y contundente a la inseguridad en Guerrero, de la que se sienten rehenes y les impide el libre desarrollo de sus actividades.
A pesar de que la reforma redujo la pena máxima contemplada (ahora es dos años menor), la organización empresarial considera positiva la inclusión específica en la Ley General de Vías de Comunicación del concepto de lucro, al ser cada vez más frecuente el secuestro de las casetas de peaje para pedir una aportación económica forzosa a cambio de garantizar el libre tránsito, comentó Héctor Tejada Shaar.
Sin embargo, esta reforma legislativa representa únicamente un primer paso para acabar con la inseguridad en las carreteras, dijo el empresario.
