La corrupción y la falta de claridad en el manejo de los recursos para combatir la inseguridad son el común denominador que impide que la estrategia de sacar al Ejército a las calles funcione. Al contrario, de acuerdo con datos del colectivo Seguridad sin Guerra, el gobierno mexicano ha despilfarrado estos recursos de manera sistemática.

“Lo que se ve a distancia son unos niveles de corrupción enormes, en base al dispendio presupuestal. El uso de los recursos públicos destinados a la seguridad, deviene que hay una enorme opacidad e irregularidad. Los recursos de seguridad se están despilfarrando”, destacó Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido Contra la Delincuencia.

En enero de 2017, hubo más de 2,000 homicidios, lo cual representó un aumento de 40% frente al mismo mes de 2016. Los asesinatos aumentaron en 25 de las 32 entidades federativas.

Tan sólo en la cuenta pública 2015, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) generó 443 Promociones de Responsabilidad Administrativa como resultado de 147 auditorias (tres sanciones por cada auditoria) a recursos destinados a la seguridad pública.

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Torres Landa enumera tres ejemplos de este dispendio.

A nivel federal, la ASF detectó en 2015 opacidad en el manejo presupuestal de la Gendarmería Nacional, al que se le destinaron 2,284 millones de pesos (mdp) para llevar a cabo 10,000 operativos y de los cuales sólo se documentó la realización de 75.

“La Federación destina año con año miles de millones de pesos al fortalecimiento de las policías federales y no logra acreditar exactamente qué es lo que está haciendo con esos recursos”, dijo Torres Landa.

Sonora recibió 317 mdp del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados (Faspe). A la hora en que se hizo la revisión, se determinó que había gastos no comprobables por 108 mdp en equipo de cómputo, comunicación, chalecos antibalas, vehículos y armamento, así como simulación de obras.

A nivel municipal, Veracruz recibió 19.4 mdp a través del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun), de esos sólo pudo acreditar el ejercicio de 5 mdp.

“¿Cómo se van a fortalecer las policías, si los recursos destinados para tal efecto son usados discrecionalmente, con absoluta opacidad o con una dispersión de recursos que nada tiene que ver con su origen?”, señaló Torres Landa.

Para el secretario general de México Unido Contra la Delincuencia, que pertenece al colectivo Seguridad sin Guerra, estos ejemplos son suficientes para que hubiera carpetas de investigación y personas que deberían ser procesadas penalmente.

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Ley de Seguridad Interior

En estos días se discute en el Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que propone que los militares sigan en las calles, ante la incapacidad de las policías.

“Hay una especie de mentira que se retroalimenta. La mentira es: como las policías no son capaces de mantener la seguridad pública, necesitamos mantener a las Fuerzas Armadas, como se hizo hace 10 años”, afirma Torres Landa.

Las principales críticas hacia el uso de las Fuerzas Armadas, continua el vocero, han girado en torno a la reglamentación de sus actividades cuando se encuentran en las calles. “Parece que no hay tal, el resultado es un sensible crecimiento en las violaciones en los Derechos Humanos y un increíble índice de letalidad, que justamente habla de la letalidad y del nivel de despliegue que lesiona las más elementales nociones de debido proceso”, destacó Landa.

La Constitución Mexicana señala claramente que no le corresponde a las Fuerzas Armadas la seguridad pública.  “Hace 10 años sale el Ejército a las calles sin un plan de despliegue ordenado, sin un plan de ejecución y sin un plan, sobre todo, de retorno a los cuarteles”, comentó el secretario general de México Unido Contra la Delincuencia.

El colectivo Seguridad sin Guerra propone un regreso paulatino de las Fuerzas Armadas ya que “el Ejército no está preparado para estar en las calles”, comentó la politóloga Denise Dresser.

El colectivo Seguridad sin Guerra comparte cuatro mensajes en contra de la Ley de Seguridad Interior.

“El primer mensaje que queremos compartir es a la gendarmería, a los gobernadores y presidentes municipales de que se hagan cargo de lo que les toca y que asuman las tareas de seguridad públicas que les toca.”

Las Fuerzas Armadas no podrán suplir eternamente la debilidad de las instituciones civiles. No queremos que absorban la seguridad pública. El despliegue militar no ha reducido la violencia. Los homicidios dolosos aumentaron 122% en sólo cuatro años, pasó de 10,253 muertes en 2007 a 22,852 en 2011. Actualmente la cifra va en 213,000 homicidios dolosos.

Tenemos definiciones confusas entre seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil.

Antes de una Ley de Seguridad Interior, requerimos construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles. Esa tarea no se ha hecho en los últimos 10 años.

 

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