El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseguró que el gobierno de Andrés Andrés Manuel López Obrador usa comparaciones a modo para mostrar resultados positivos a fin de crear una percepción de éxito de su estrategia de seguridad.
“El discurso de las autoridades insiste en subrayar la eficacia con la que se atacan los elevados niveles de inseguridad y delitos, para ello se utilizan periodos de comparación que sugieren resultados positivos a fin de crear una percepción de éxito en su estrategia”, declara el organismo dirigido por Carlos Hurtado López.
Durante el gobierno de López Obrador, la inseguridad pública, crimen y violencia se han agudizado y se ha dejado al descubierto la fragilidad de las instituciones encargadas de la prevalencia y el fortalecimiento del Estado de derecho, según el centro de investigación en el sector empresarial de México.
“En años recientes, la inseguridad pública se ha agudizado, generando un ambiente de peligro y extorsión que limita seriamente la actividad productiva, tanto de personas físicas como de empresas”, expresa el CEESP.
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El órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de empresas de primer nivel en México hizo un análisis para mostrar como Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), buscó cifras favorables para la estrategia del combate a la violencia emprendida por el gobierno de López Obrador.
El 20 de junio de 2022, la titular de la Secretaría de Seguridad presentó el informe mensual del gabinete de seguridad, el cual sostiene que los resultados de mayo “reflejan la baja en la incidencia delictiva en la mayoría de los delitos”.
Tal análisis de la SSPC, según el CEESP, muestra una disminución de 26.6% en los delitos del fuero federal entre el inicio de esta administración y mayo del presente año, para ubicarse en sus niveles más bajos desde hace cuatro años.
En cuanto a las víctimas de homicidio doloso, si bien aumentó entre abril y mayo, el resultado de este mes fue el más bajo para el mismo periodo en los últimos cinco años y 7.8% menor a su máximo histórico de 2018 (julio).
Respecto a sus máximos históricos, los robos disminuyeron 29.1% (contra octubre 2017), el robo de vehículo disminuyó 45.8% (contra enero de 2018), las víctimas de feminicidio disminuyeron 31.2% (contra agosto de 2021) y el secuestro se redujo 58.3% (contra enero de 2019).
“Es evidente que los periodos seleccionados por las autoridades son diferentes en todos los casos de forma que se puedan presentar como resultados favorables en la lucha contra el delito”, advierte el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
“Las víctimas de homicidio aumentaron 52.4% y los feminicidios, en 41.4% comparando exclusivamente con los resultados del mismo lapso del sexenio pasado, es decir, en el periodo enero-mayo del cuarto año de gobierno”, dice el CEESP.
El total de los delitos por robo efectivamente disminuyeron 7.8% entre enero y mayo del cuarto año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente al mismo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto.
Al interior de este dato, los robos de autopartes aumentaron 183.3%, a transportistas, 23.1%; a transeúnte en espacio abierto al público, 95.5%, y en transporte público colectivo, 13.5%, detalla el CEESP.
“Los resultados utilizando bases de comparación homogéneas, muestran una realidad distinta. Una más acorde con la dinámica de violencia e inseguridad que vive diariamente la población del país”, agrega.
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Parte de esa realidad es que las ocho de las ciudades más violentas del mundo en 2021 fueron mexicanas: Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada y Uruapan, de acuerdo con un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., referido en el reporte del Instituto Belisario Domínguez del Senado “Ciudades violentas. Panorama internacional y desafíos para México”.
“Un Estado de derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza, la inseguridad y protege a las personas de las injusticias. Representa una base sólida para un ambiente de paz, de oportunidades y equidad”, destaca el CEESP sobre la seguridad en el país.
“La mejoría en el Estado de derecho en el país es ciertamente una obligación del gobierno. Es un derecho de la sociedad que contribuye para ello y es un ingrediente indispensable para asegurar reglas claras para la inversión, que es la única vía para lograr una reactivación sólida de la economía”, añade.
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