EFE.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Minerales (Semarnat) denunció este viernes que la minería ha afectado 15 millones de hectáreas de 5,000 núcleos agrícolas, por lo que defendió la reforma del Gobierno para restringir esta actividad.
Por los daños de esta industria, la Semarnat contabilizó que las comunidades se han opuesto al menos a 169 proyectos entre 2013 y 2018, según afirmó la dependencia en un comunicado.
La secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, advirtió del “impacto ambiental que esta actividad ha generado por residuos mineros o jales y que contaminan el aire, el agua y el suelo en perjuicio de las poblaciones que están alrededor”.
Aunque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre de 2018, no ha entregado nuevas concesiones mineras, la Semarnat reconoció que desde 1992 se otorgaron 65,534 concesiones para exploración y explotación minera.
Esto implica más de 117 millones de hectáreas, lo que representa cerca del 60 % de las 195,6 millones de hectáreas del territorio nacional, detalló.
“El país debe contar con un marco jurídico que responda a la impostergable necesidad de dar al sector ambiental herramientas legales con las cuales se pueda defender, de manera efectiva, los recursos naturales y salvaguardar el bienestar de las comunidades”, enfatizó Albores.
La secretaria de Medio Ambiente hizo estas declaraciones en la Cámara de Diputados para defender la reforma que propuso López Obrador a la Ley Minera para que el Gobierno solo otorgue concesiones de minas mediante concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios.
La legislación también acortaría la duración de los permisos de las minas de los 50 años actuales a 15 con la posibilidad de solo una prórroga.
Además, prohibiría la explotación de minerales o sustancias, y la disposición final de los residuos mineros en áreas naturales protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales, obras y trabajos de exploración.
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La Cámara Minera de México (Camimex) ha argumentado que la reforma afectaría a un sector que invierte más de 4,000 millones de dólares al año con 406,000 empleos directos y que representa 2.5% del producto interno bruto (PIB).
La legislación sacudiría la minería de México, el mayor productor mundial de plata, el segundo de fluorita y uno de los 10 principales de zinc, oro y cobre, según la agencia Moody’s.
Pero la Semarnat defendió que “se trata de una iniciativa que permitirá al Estado mexicano recuperar su rectoría como guardián del derecho humano a un medio ambiente sano”.
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