Notimex.- La Presidencia de la República informó que se tienen contratos con las calificadoras Moody’s, Fitch y S&P, que evalúan el desempeño económico del gobierno, y que del periodo 2017-2022 significarán un gasto público de 2 millones 720,000 dólares.

Las agencias se contratan de forma anual y Moody’s y Fitch tienen estatus vigentes y renovados el 15 de mayo de 2018 y 23 de octubre de 2019, respectivamente, mientras que S&P está vencido, pero su renovación sería este viernes 25 de octubre, de acuerdo con la oficina presidencial.

En el caso de Moody’s, los periodos de contratación son 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020, por un costo de 300,000 dólares anuales, lo que representa un costo de 900,000 dólares en total.

En tanto, Fitch tiene contratos con el gobierno federal para 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022, por 300,000 dólares los dos primeros dos periodos y el último por 310,000 dólares, lo que significa en suma 910,000 dólares.

S&P, cuyo contrato se renovará por los periodos 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022, también tendría un costo por 300,000 dólares los primeros dos periodos y el último por 310,000 dólares, es decir 910,000 dólares por los tres.

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El documento, difundido por la Presidencia luego de que el mandatario Andrés Manuel López Obrador se comprometiera con la prensa para dar a conocer los datos, detalla que estas firmas son conocidas en México como instituciones calificadoras de valores y dan servicio sobre análisis, evaluación y determinación de la calidad crediticia de una entidad, en este caso un gobierno.

“Su función es informar al mercado sobre los riegos reales que enfrentan los inversionistas. Al calificar las agencias dan un panorama de la capacidad estructural y del entorno del emisor para enfrentar sus compromisos de pago”, señala.

La Presidencia de la República explica que las calificaciones expresan la opinión que tiene una agencia sobre la habilidad y voluntad de pago de un emisor, así como de su capacidad para enfrentar sus obligaciones financieras en tiempo y forma.

Sin embargo, aclara, las calificaciones no son recomendaciones de compra o venta, pues su intención es ofrecer a los inversionistas y participantes del mercado la información relacionada con el riesgo crediticio de los emisores, finalizó.

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