Contrario a la ley, el gobierno limita la adopción de modelos de distribución digitales, al no darles espacio para competir con la industria de impresos.

 

 

Los libros electrónicos existen ya desde hace varios años –décadas, incluso–, así como la tecnología para crearlos, distribuirlos y leerlos; entonces ¿por qué no son más populares? La respuesta no es sencilla e involucra muchos factores, entre éstos la participación del gobierno en la producción editorial de un país.

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Argentina es un buen ejemplo del proteccionismo del gobierno a la industria editorial local contra las ventas de libros por Internet: en 2012 el gobierno argentino lanzó una normativa para controlar la importación de libros con base en el contenido de plomo en la tinta con la que se imprime, para “evitar riesgos de salud”. Dado que es complicado conocer el contenido de plomo en la tinta de un libro, las importaciones de los mismos sufren retrasos que afectan su precio final y su disponibilidad. Muchos intelectuales argentinos se han pronunciado en contra de esta normativa llamándola “peligrosa”.

España, uno de los principales exportadores de libros impresos a Argentina, ha sido afectado por esta medida, con repercusiones para su mercado interno. Al ser uno de los países con más lectores en Hispanoamérica, la reciente crisis económica era una buena oportunidad para promover los libros electrónicos, que son más baratos de producir y distribuir. En lugar de eso, el gobierno español agregó un impuesto a los ebooks como “un servicio de lujo” de un 21% sobre su precio, en contraste con el impuesto del 3% que tienen sus países vecinos para incentivar la compra de libros impresos.

En el caso de México, el ebook ni siquiera se considera un libro en el sentido legal de la palabra, sino un “material complementario” del libro impreso, de acuerdo con la ley del fomento para la lectura y el libro promulgada en 2008, que propone un precio único para todos los libros, independientemente del soporte en que se distribuyan. Aunque la ley tiene por objetivo “establecer las bases de una política de Estado que le dé sustento a la cadena del libro, y evitar que el mercado se rija únicamente por el principio de competencia de precios”, en realidad limita la adopción de modelos de distribución digitales, al no darles espacio para competir con la industria de impresos.

Los gobiernos también tienen un rol importante en la promoción de la lectura, especialmente a través de sus sistemas de producción editorial en la academia y sus unidades de investigación, pero ése es un tema para otro día.

La participación de la administración pública en la creación de nuevas formas de promoción de la lectura es crítica, y en su labor como facilitadores de la creación y difusión de la cultura deberían enfocar su esfuerzo en buscar opciones más baratas y modernas para incentivar la lectura entre sus ciudadanos, sin importar el soporte o el canal donde ésta se encuentre.

 

 

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