Desde hace algunos meses, uno de los temas favoritos en las redes sociales es la justicia. No necesariamente su correcta impartición o la búsqueda del fortalecimiento de las instituciones que la imparten en el país. Tampoco la discusión de leyes o proyectos que hagan más incluyente a la sociedad en la búsqueda de igualdad. Nada de eso.

Lo que desde hace un par de meses se busca con ahínco en las plataformas digitales es más bien una cuestión más parecida a la venganza, que a la justicia. Y es que de un tiempo a la fecha, en redes sociales se han exhibido una serie de casos que han visto acelerados sus procesos legales o resoluciones luego de ser expuestos a la opinión pública digital que reclama que la ley debe aplicarse.

El caso de Elvira Santibáñez puede ilustrarlo. En las redes sociales apareció un video que muestra cómo la joven es torturada por miembros del ejército y la policía mientras es interrogada. Las imágenes tan explícitas del video causaron indignación en la sociedad mexicana, a grado tal que, en un hecho particularmente insólito, el secretario de Defensa salió a pedir disculpas públicamente.

Si bien Santibáñez enfrenta una condena por delincuencia organizada y tienen pruebas contundentes en su contra, dicho proceso podría ser anulado por la violación a los derechos humanos y por faltas al debido proceso. Un video publicado un año después de los hechos cambió el rumbo de la historia y de la opinión pública.

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Otro ejemplo es el caso de Daphne Fernández, la joven veracruzana que presuntamente fue violada por algunos jóvenes cuyos padres pertenecen a las esferas del gobierno de la entidad. Durante poco más de un año, no hubo avances en el caso y mucho menos impartición de justicia. Bastó con un par de videos en YouTube y algunos documentos en las redes sociales, para que la investigación se acelerara e incluso se giraran órdenes de aprehensión.

Un caso más. Andrea Noel, reportera de la plataforma digital Vice, fue agredida sexualmente en las calles de la colonia Condesa, en la Ciudad de México. Tanto los videos de la agresión sexual como sus propias declaraciones en medios de comunicación hicieron un profundo eco en la sociedad mexicana, que no sólo demandaba la búsqueda e impartición de justicia, sino que abrió un debate sobre la violencia contra las mujeres en general.

No obstante, la propia Noel reconoció que el hecho de ser periodista de un medio reconocido internacionalmente hizo que las autoridades le dieran un trato preferencial y que agilizó su caso, a grado tal que ya se tienen presuntos culpables.

La exhibición de todos estos casos a través de plataformas sociales ha sido un detonante para que se investigue y garantice la impartición de justicia, lo que de facto está muy bien. Sin embargo, el problema de fondo persiste, y es que sólo los casos exhibidos han sido solucionados o acelerados; fuera de ello, las fallas sistemáticas en la impartición de justicia persisten. Si no es exhibido, entonces parece que la justicia no está disponible.

En este sentido, las redes sociales se han convertido en una plataforma perfecta para exhibir injusticias y encender los ánimos de la opinión pública que reclaman a las autoridades que se resuelvan casos que han estado abandonados o sin solución legal. Y entonces empieza la impartición de justicia basada en el impacto que pueden causar los medios digitales en la opinión pública.

Si dichos casos se convirtieran en modelos de procesos, si generaran jurisprudencia o crearan cambios estructurales en las instituciones competentes, entonces la exhibición valdría la pena. Sin embargo corremos el riesgo, como sociedad, de que se pida justicia sólo cuando lo que se muestre en redes sociales levante nuestra indignación. Así, la justicia se convertiría en venganza, haciendo juicios sumarios basados en las percepciones de los usuarios de las redes sociales.

 

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