Está demostrado que la apertura al sector privado en el suministro eléctrico aumenta las tarifas a los consumidores. Y en México los particulares le venden fluido caro a la CFE.

 

 

Por Sergio O. Saldaña Zorrilla

 

Abrir a particulares la participación en la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el país, como propone la legislación secundaria enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, es un grave error económico.

No hay razones económicas que justifiquen esa legislación. Permitir la participación de suministradores privados de energía eléctrica no le genera ahorro alguno al Estado mexicano; por el contrario, hasta ahora la energía que la Comisión Federal de Electricidad ha comprado a particulares ha tenido un costo de producción mayor al de la capacidad instalada de la paraestatal.

La CFE no emplea óptimamente su capacidad instalada debido a que tiene contratos con particulares –predominantemente extranjeros–. Si hiciera uso pleno de su capacidad instalada en plantas hidroeléctricas, de comparativamente bajos costos unitarios, se abatiría el costo promedio unitario de la Comisión, que así ahorraría enormemente si dejara de comprar energía a los productores privados.

Los perjudicados hasta ahora han sido los usuarios (hogares y empresas), que pagan cada vez más por el suministro eléctrico. De ampliarse el suministro eléctrico por medio de empresas privadas, como propone esta legislación, el costo de las tarifas eléctricas aumentará aún más y se perjudicará aún más al pueblo de México.

Desde inicios de los años ochenta, diversos países comenzaron a reformar sus marcos legales a fin de romper el monopolio del Estado en el sector eléctrico. Al día de hoy, la evidencia empírica de los resultados en esos países nos arroja resultados abrumadoramente negativos.

La justificación de las reformas en esos países se sustentó en una parte de la teoría económica que sostiene que la libre competencia, al permitir actuar libre y eficientemente a las fuerzas del mercado, ocasiona un menor precio para el usuario final. Ello suele ser cierto para el caso de la mayor parte de los mercados de una economía convencional. Sin embargo, en el sector energético esas consecuencias no tienen lugar. La propia teoría económica lo reconoce. Son muchos los teóricos de la economía que han analizado el carácter oligopólico de los mercados energéticos, entre ellos varios premios Nobel de Economía como Paul Krugman y Joseph Stiglitz.

El sector energético tiene un carácter estratégico para un país debido a que es el insumo base de toda la economía, de la sociedad y de los gobiernos.

Debido al alto monto de inversiones que requiere para operar una empresa del sector energético, es imposible que en el mercado llegue a haber tantas empresas oferentes que den paso a una fijación de precios por la libre competencia. Por ello, la supuesta reducción de precios al usuario final es falsa, aun al cabo de los años.

Incluso en los países desarrollados, estos oligopolios han sido muy difíciles de regular y sus beneficios sociales han sido escasos o negativos, como es el caso de los Estados Unidos de América y de Inglaterra, países en que ciudadanía y gobierno incluso debaten el regreso a la nacionalización de su industria eléctrica. En el caso de los países en vías de desarrollo y con instituciones en proceso de consolidación, las consecuencias han sido mucho peores.

¿Cómo se nos garantiza que en México no se formarán oligopolios en este sector? ¿Acaso tenemos instituciones más desarrolladas y probas en materia de regulación energética que en los países desarrollados? Por su diseño, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), propuesto en esta legislación secundaria, y la Comisión Federal de Competencia Económica serán insuficientes para afrontar un reto de este tamaño.

Es necesario que el Estado mexicano mantenga el monopolio en la industria eléctrica. Cuando el Estado es el proveedor de electricidad, la prioridad es la cobertura social y productiva a precios accesibles. En un mercado abierto al sector privado, en cambio, la prioridad es la maximización de utilidades.

La industria eléctrica se debe adelantar al desarrollo industrial y social del país con una visión estratégica de largo plazo. Esto no lo pueden hacer los particulares, esto sólo puede hacerlo el Estado.

 

Sergio O. Saldaña Zorrilla es doctor en economía por la Universidad de Ciencias Económicas de Viena, Austria; ex funcionario de la Cepal en Santiago de Chile; investigador de IIASA en Laxenburg (Austria), y miembro del SNI del Conacyt.

 

 

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Twitter: @SergioSaldanaZ

 

 

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