Reuters- Los guatemaltecos elegían el domingo desde presidente hasta alcaldes, después de una campaña en la que muchos fueron vetados por corrupción o vínculos a la delincuencia, dejando al desnudo el grado de infiltración del crimen organizado en la política.
La exprimera dama de centroizquierda Sandra Torres busca la presidencia por tercera vez consecutiva y es la favorita con un 20% de las preferencias, seguida de Alejandro Giammattei, un cirujano conservador que se postula por cuarta vez, con el 14%.
En tercer lugar está Roberto Arzú, sin mucha experiencia política, pero proveniente de una familia con historia en la clase dirigente guatemalteca, que llega con alrededor del 8% de la intención del voto.
Con una quincena más de candidatos presidenciales, el voto de 8 millones de guatemaltecos probablemente estará tan atomizado que nadie logrará los sufragios suficientes para evitar una segunda vuelta en agosto.
Para combatir la pobreza y corrupción, Torres propone reactivar programas sociales que implementó cuando fue primera dama y una política de cero tolerancia. En tanto, Giammattei ha ofrecido seguros de salud para menores y trabajos de medio tiempo para aumentar los puestos, y mayor fiscalización en las compras del Estado.
El panorama hubiera sido diferente si las dos candidatas con mayor intención de voto para la presidencia -que dejará vacante Jimmy Morales en enero del 2020- no hubieran sido impedidas de postularse por el Tribunal Supremo Electoral: la exfiscal Thelma Aldana y Zury Ríos, la hija del exdictador Efraín Ríos Montt.
Sobre Aldana pesa una orden de detención por peculado y defraudación tributaria. En el caso de Ríos, la Corte de Constitucionalidad resolvió que no podía participar en el proceso porque la ley prohíbe hacerlo a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad de líderes de un golpe de Estado.
El nuevo escenario podría darle más oportunidades a aspirantes minoritarios como la candidata indígena Thelma Cabrera y el veterano político y diplomático Edmond Mulet.
