En el escritorio de una oficina de la ciudad de Guatemala cuelga un letrero que dice “Yo Amo a la CICIG”, se trata de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala el órgano detrás del encarcelamiento del ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti en 2015 por su presunta participación en una red de corrupción aduanera, además de un buen número de servidores públicos y empresarios.

Esta institución tiene el promedio de confianza más alto en el país centroamericano, 70.1 puntos de confianza en una escala de 0 a 100 y supera a medios de comunicación, elecciones y partidos políticos de acuerdo con el estudio Cultura Política de la Democracia en Guatemala y en las Américas, 2016, 2017.

El órgano independiente de carácter internacional se creó en 2007 con el objetivo de apoyar a las instituciones del Estado guatemalteco en la investigación de los delitos cometidos por “cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad”, además tiene la capacidad para ejercer persecución penal o adherirse a los casos que esté siguiendo el Ministerio Público.

En contraste con México, en donde las instancias de justicia han sido señaladas por los escasos resultados para investigar y castigar actos de corrupción en los que se encuentran imputados funcionarios públicos, la CICIG es un referente internacional en materia de combate a la corrupción y la impunidad.

PUBLICIDAD

Opera a través de un esquema único con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en tanto que no depende financieramente del gobierno guatemalteco o algún organismo privado del país, sino que recibe donaciones de la Unión Europea, Suecia, Estados Unidos, Canadá, España, Alemania entre otros a través del fondo fiduciario administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Guatemala.

Aunque la CICIG fue instrumentado tomando en cuenta las características del sistema de justicia e institucional de este país centroamericano, México bien podría seguir su ejemplo, toda vez que enfrenta condiciones similares como la pérdida de credibilidad en las instituciones, fenómeno por el que Guatemala transitó anteriormente.

“México es un estado fuerte, pero están llegando al punto que nosotros arribamos hace rato, cuando las instituciones pierden credibilidad ante la sociedad. Entonces ya no es sólo tema de capacidades técnicas, es un tema de como recuperas la legitimidad, de diversos sectores”, afirmó Edgar Gutiérrez, ex canciller guatemalteco y catedrático de la Universidad de San Carlos.

De acuerdo con el ex diplomático, una serie de acciones contundentes son mensajes rotundos para recuperar la legitimidad institucional.

Revelación de supuestos contratos irregulares de servicios a empresas de familiares del actual presidente, Jimmy Morales; o iniciar un juicio en contra de la jueza, Carol Patricia Flores, por la inconsistencia de sus ingresos y su patrimonio; y procesos penales en contra de más de una docena de diputados y alcaldes acusados de corrupción; conforman esta cadena de “acciones contundentes” de la CICIG

Pero su trabajo no se ha limitado a estas investigaciones, considera Gutiérrez, toda vez que una de las grandes aportaciones del órgano ha sido identificar “el pecado original de la democracia guatemalteca”: los mecanismos opacos de financiamiento de las campañas electorales.

En este proceso los grandes empresarios también han sido el blanco de las investigaciones de la CICIG por la financiación ilegal de las campañas electorales de los partidos políticos, lo que ha permitido a “las mafias” cooptar a las instituciones del Estado guatemalteco.

“La corrupción es una avenida de doble vía, no hay corrupto sin corruptores y lo que nos ha mostrado el proceso en los últimos dos años, particularmente, es que los funcionarios cambian cada cuatro años, pero los empresarios permanecen y ellos son los depositarios de un modus operandi de corrupción que incluye sobornos, pagos bajo la mesa y en tanto que no se ataque las dos direcciones no podemos hablar de combate real a la corrupción” dijo.

Y no sólo se trata de un sistema persecutorio, a partir de los hallazgos de la CICIG se han puesto en marcha diversas reformas al sistema de justicia, electoral y de servicio civil.

“Estamos aprendiendo que no es suficiente con dar golpes a la corrupción, sacas lecciones de estos procesos y las lecciones se tienen que traducir en reformas”, apuntó.
Implementar un esquema innovador para combatir la corrupción e impunidad ha sido un proceso lento, del que también ha aprendido la sociedad guatemalteca, cuya lección es: no asumir la corrupción como un destino manifiesto porque no es un acto normal, relató el ex diplomático.

“Lo más interesante de lo que ocurre en Guatemala es que, aunque en un inicio no había conciencia clara de los alcances de la CICIG, un puñado de funcionarios del gobierno central con líderes de la sociedad civil se pusieron de acuerdo para buscarle solución al sistema y no necesitabas construir el gran consenso sino buscar voluntad para buscar soluciones”, aseguró.

 

Siguientes artículos

Gobierno rechaza acusaciones de intervenir en el proceso electoral
Por

En la víspera, Ricardo Anaya responsabilizó a la Presidencia por 'el nuevo ataque' en su contra, luego de que comenzó a...