Han pasado 13 años desde que el gobierno guatemalteco y la ONU firmaron un convenio para la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Desde entonces, ese país se ha convertido en un referente internacional en el combate contra la corrupción, con un balance generalmente positivo, en comparación con otros esquemas que se han puesto en marcha en la región y alrededor del mundo.

Este modelo anticorrupción ha generado severas críticas a lo largo de su existencia. Hay quienes señalan que el desempeño del CICIG ha propiciado un uso político de la administración de justicia, que se ha violado el debido proceso en diversos casos, que el sistema de justicia da muestras de poca efectividad y que se viola la soberanía con la intromisión en asuntos que corresponden a los guatemaltecos solucionar. Incluso, se ha señalado que la Comisión ha provocado una suerte de sensacionalismo ante la opinión pública y los medios.

Con todo, el CICIG es uno de los modelos anticorrupción más exitosos alrededor del mundo. La Comisión ha intervenido en más de 100 investigaciones de alto impacto que incluyen a dos expresidentes, un vicepresidente, excandidatos presidenciales, empresarios, militares, entre otros. Como pocos países en América Latina, el caso guatemalteco sobresale por haber llevado los casos de corrupción a tribunales: más de 300 personas han sido sentenciadas, incluido al expresidente Otto Pérez Molina. En coordinación con el Ministerio Público, la CICIG logró desentrañar sofisticadas redes de corrupción en contrataciones, contrabando en aduanas, financiamiento ilícito en campañas, Odebrecht, entre otros. Y un aspecto que no debe soslayarse, es la fuerte movilización ciudadana que ha respaldado las investigaciones de la CICIG y un apoyo de la sociedad guatemalteca que ha logrado sostenerse.

Sin embargo, el destino de la CICIG y de la forma en que los guatemaltecos seguirán luchando contra la corrupción hoy es incierto. El pasado 7 de enero el presidente Jimmy Morales dio por terminado, de manera anticipada, el acuerdo con la ONU por el que se crea la CICIG, la cual había iniciado una investigación por corrupción electoral en contra del presidente, incluyendo familiares, y había solicitado la suspensión de inmunidad para poder investigarlo por presunto financiamiento irregular en su campaña. Aunque el mandato de la comisión expiraba hasta septiembre de este año, el conflicto se dio justo a unos meses de celebrarse elecciones para elegir a un nuevo presidente y congreso. La apresurada y polémica decisión de Jimmy Morales solo puede entenderse porque con la conclusión de su encargo como presidente, también concluirá el fuero que impide someterlo a proceso.

Y aunque la Corte de Constitucionalidad de Guatemala desechó la decisión del gobierno de retirarse del acuerdo, el futuro de la CICIG está en jaque, a lo que le suma el factor Donald Trump, y la falta de un consenso para seguir apoyando los trabajos de esa instancia, de parte de Republicanos y Demócratas del país que ha sido el principal donante para los trabajos de la CICIG.

Es en este contexto que el pasado 16 de junio Guatemala celebró elecciones, con casi una veintena de candidatos a la presidencia de la mano de numerosos partidos creados en la última década. Sandra Torres y Alejandro Giammattei pasaron a segunda vuelta, a celebrarse el 11 de agosto. Mientras tanto el destino para la CICIG es ominoso: ninguno de los dos candidatos defendió su permanencia en campaña. Sólo la presión de Estados Unidos y de la sociedad guatemalteca podría hacer que alguno de los candidatos tome esa carta a su favor.

 

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