Guatemala, entre incertidumbre y corrupción

Por Claudia García Mancilla Hace algunos meses Standard & Poor’s revisó a la baja la calificación de riesgo de la deuda soberana de Guatemala; una de las consecuencias a largo plazo para el gobierno fue que el crédito en el exterior se volvió más caro. Posteriormente, la firma global señaló que la calificación de moneda extranjera a largo plazo bajó ante la perspectiva de un crecimiento económico débil. En aquel octubre de 2017, la calificadora de riesgos evidenció que el país está sujeto a una constante situación de incertidumbre, lo que afecta la economía, y en consecuencia le quita la capacidad suficiente para cumplir con los compromisos financieros. Para entonces se le asignó una calificación BB-, lo cual da la señal de ser una economía vulnerable a los cambios económicos. Esta situación complica el panorama económico y financiero del país. A raíz de una crisis política prolongada, la cual inició a mediados del año 2015, en donde se destaparon casos de corrupción, que involucraron principalmente al presidente y al vicepresidente de la república, entre otros funcionarios públicos. Producto de esto, continúan saliendo a la luz distintos casos de corrupción donde los implicados en su mayoría son funcionarios públicos; pero no exclusivamente, también existen empresarios y trabajadores de las entidades públicas. La prolongada crisis política, las señales de inestabilidad y los constantes cambios de los funcionarios han generado un ambiente de incertidumbre, en el cual los agentes económicos no pueden tomar decisiones, o lo hacen con escasa información. De ahí resultan bajos niveles de inversión y en consecuencia un bajo crecimiento económico. Para el cierre de 2017, el Banco de Guatemala reportó un crecimiento de 2.8%, menor y equivalente a los niveles de crecimiento del año 2010, cuando Guatemala salía de la crisis que un par de años atrás afectó a todo el mundo. Los casos de corrupción continúan saliendo a la luz, y el sistema de justicia presenta una capacidad de respuesta lenta para resolverlos. Pero el punto es que nuestra sociedad se está acostumbrando a la situación, a vivir en crisis. Aún más lamentable es que se están haciendo comunes la corrupción y las faltas a la ley. Se evidencia un país con una escasa cultura de la legalidad en donde los efectos sobre la economía ya se están sintiendo. La incertidumbre se percibe en el ambiente. El Banco de Guatemala publica mensualmente el Índice de Confianza de la Actividad Económica del Panel de Analistas Privados, en donde se mide la percepción que se tiene sobre la situación económica actual y el ambiente para los negocios. Este índice ha mostrado un prolongado descenso, con leves periodos de recuperación, pero siempre con niveles menores a los reportados en el año 2016. Así que los daños que hacen la corrupción y los actos ilícitos sobre la economía apenas se evidencian con estos indicadores. Si se contabilizaran los recursos económicos que fueron destinados para otro fin, y no para el que originalmente fueron pensados, es probable que a nivel mundial ya hubiéramos acabado con el problema de hambre en los niños. Lo más lamentable es que la corrupción es un mal que evoluciona, se adapta a las instituciones, sobre todo a aquellas que surgen para combatirla, pues se acomoda a las nuevas restricciones legales que se imponen. De esa manera se extiende a lo largo de la sociedad, lo cual se transforma en un sentimiento generalizado de que la corrupción es un mal con el que todos tenemos que vivir. Como sociedad no podemos habituarnos a la corrupción, sino unirnos en contra de ella. Si estuvimos tentados a pagar para adelantar la cola o nuestro expediente, o si un día quisimos aprovechar el cargo público de un familiar para nuestro provecho, abstengámonos de esas actitudes y cortemos el mal de la corrupción, si es que nuestro ideal es el de un país y una sociedad próspera. Los efectos de este enraizado mal están cobrando la factura en la economía, en la inversión, la creación de puestos de trabajo y en nuestra sociedad. *Economista investigadora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.   Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.