El juicio al exdictador Efraín Ríos Montt ha delineado cuáles son las fronteras de lo democrático en el régimen político guatemalteco.

 

 

Por Manolo E. Vela Castañeda, coordinador de la Maestría en Sociología de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

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En Guatemala, el juicio contra el exdictador general retirado Efraín Ríos Montt, ha puesto al descubierto cicatrices que dejó el conflicto armado interno (1960-1996).

¿Quién fue Efraín Ríos Montt? ¿Qué sucedió en Guatemala? Fue presidente desde marzo de 1982, cuando los militares dieron un golpe de Estado, hasta agosto de 1983, cuando fue depuesto, de nuevo, a través de otro golpe de Estado. Durante este tiempo, el ejército llevó a cabo una campaña militar con la cual retomó el control de territorios y poblaciones, que supuestamente se hallaban bajo control de grupos insurgentes. En esas operaciones, las tropas perpetraron una serie de masacres; se cometieron ejecuciones arbitrarias contra vecinos de aldeas rurales. En algunos casos las masacres implicaron la desaparición total de los poblados; otras masacres tuvieron un carácter selectivo. Pero en las masacres se perpetraban otros hechos: violaciones, tortura y tratos crueles, mutilación de cadáveres, desaparición forzada, pillaje, entre otros. La masacre es el evento central de una serie de actos degradantes. Estas masacres, cometidas contra poblaciones de un mismo grupo étnico –que se hallaban en condiciones de total indefensión– constituyen el acto que –al repetirse masivamente– dio paso al genocidio.

 

¿Cuándo empezó la lucha por la justicia?

La persecución judicial contra el alto mando militar arranca en 1998, cuando CALDH, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (una Organización no Gubernamental fundada en 1993), inició una serie de investigaciones con el propósito de preparar casos. En paralelo, familiares de víctimas solicitaron a las autoridades judiciales la realización de exhumaciones en cementerios clandestinos. Las exhumaciones abrieron –desde abajo, desde las propias comunidades– el horizonte de la lucha por la justicia. En adelante, varias comunidades decidieron organizarse y fundar, en 1999, la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR). AJR y CALDH empiezan a trabajar en un “gran caso” por genocidio, que integraba averiguaciones en cuatro regiones: Huehuetenango, Ixil (Quiché), Rabinal (Baja Verapaz) y Chimaltenango. En 2001 se presentaron ante el Ministerio Público las primeras querellas por genocidio. Años más tarde, en 2010 se decidió focalizar los esfuerzos judiciales en la región Ixil, compuesta por tres municipios del departamento de Quiché.

El debate oral y público empezó en marzo de 2013 y concluyó el 10 de mayo, con la sentencia condenatoria contra el imputado, Ríos Montt, quien recibió una pena de 50 años de prisión por el delito de genocidio; y 30 años por el delito de deberes contra la humanidad. El otro imputado, el coronel Rodríguez Sánchez, jefe de la Inteligencia militar, fue declarado inocente. Otro de los imputados, Óscar Humberto Mejía Víctores, el ex vice Ministro de la Defensa, así como el ex jefe del Estado General del Ejército y general retirado, Héctor Mario López Fuentes, quien fue el primer detenido por este proceso (en junio de 2011), fueron declarados en estado de interdicción, debido a múltiples problemas de salud. El condenado fue E. Ríos Montt, pero éste era un proceso penal contra el alto mando militar.

 

¿Cuál es la significación de este proceso?

1) Se trata de la primera vez en la historia de Guatemala y de América Latina que un jefe de Estado es sometido a la justicia de su propio país por el delito de genocidio.

2) El general Rios Montt es un caso paradigmático de los dictadores que durante la guerra fría –y apoyados por la Casa Blanca– aplacaron a sangre y fuego a sus disidencias políticas.

3) El debate oral y público permitió que –por primera vez– se escucharan en un foro público, de boca de los propios sobrevivientes, los testimonios de las masacres perpetradas por el ejército contra los pueblos indígenas.

4) En los medios de comunicación y en las redes sociales –por semanas– se ha librado una confrontación de ideas entre simpatizantes del general y quienes apoyan las demandas de las víctimas.

A pesar que éste ha sido un debate protagonizado por elites que escriben y comentan, las discusiones han infomado a ciudadanos, incluyendo a las generaciones que no vivieron la guerra. Pareciera que la discusión sobre qué sucedió durante los años del genocidio se hubiera encapsulado a lo largo de la transición democrática y el proceso de paz, y este juicio lo hicera emerger de nuevo.

Las bases probatorias de este proceso judicial están compuestas por:

a) Testimonios: En las masacres siempre hubo algunos que escaparon por accidentes del destino. Estos sobrevivientes lograron ser los primeros que contaron lo que sus ojos vieron. Está también el testimonio de niños que fueron secuestrados por los propios militares. Dentro de los testimonios que se presentaron hubo diez mujeres que contaron la forma en que fueron violadas.

b) Informes de exhumaciones: Con estos se cuantifican de forma objetiva –aproximada– los números de víctimas, y se descubren patrones, por ejemplo: edad, heridas (de bala en torax y cráneo) y el armamento empleado.

c) Documentos militares: En 2008, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Ministerio de la Defensa la desclasificación de cuatro documentos (planes militares). Esta fue una batalla que se libró desde 2006.

d) Se presentaron varios peritajes: Militar, para explicar la manera como una fuerza armada ejecuta este tipo de operaciones. Se presentó un peritaje sobre el racismo. Hubo un experto en demografía que demostró cómo se diezmó al 5.5% del total de la población en esta región. Se presentó un peritaje histórico –social para determinar qué elementos constituyen a este grupo étnico, su historia. Se presentó un peritaje que dio cuenta del desplazamiento forzado al que esta población fue sometida.

 

***

 

Este juicio ha delineado con exactitud los límites de la democracia, cuáles son las fronteras de lo democrático en el régimen político guatemalteco. Han emergido enclaves autoritarios, contrarios a la consolidación de las instituciones, racistas, que aún no descartan la violencia y la intimidación como parte de los repertorios de acción, y que se empeñan en borrar el genocidio como parte de la historia oficial. El juicio es una oportunidad para confrontar todos estos demonios. Pero este juicio es sólo una batalla más en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Guatemala.

Pero la sentencia fue –para los familiares de las víctimas– una alegría que duró muy poco: días más tarde, el 20 de mayo, el tribunal constitucional guatemalteco ordenó la repetición del debate, llenando de incertidumbre el proceso judicial. La tenacidad y valentía de los familiares de las víctimas es algo que, en un sistema judicial como el guatemalteco, nunca podrá ponerse en duda. El gran reto está en que esta contienda se mantenga en los carriles de la cultura democrática.

 

 

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