Reuters.- Decenas de miles de guatemaltecos marcharon el miércoles en la capital y varios departamentos para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales y los diputados del Congreso, a los que acusan de querer dinamitar la lucha anticorrupción en el empobrecido país centroamericano. Estudiantes, trabajadores y algunos empresarios se unieron en un paro nacional para mostrar su indignación por el empeño de Morales en expulsar al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el intento de los legisladores de suavizar las penas a los delitos de corrupción. “Estamos hartos de los políticos que se llenan la bolsa y no dejan que lleguen recursos al pueblo, escuelas, caminos; por eso estoy aquí”, dijo Secundino Ajtun, un agricultor de 58 años del suroccidental departamento Totonicapán, quien llevaba un cartel que decía: “no soy derechista, no soy comunista, soy Guatemala”. Al finalizar la jornada, los manifestantes izaron una bandera negra de Guatemala en la céntrica Plaza de la Constitución, coreando “el pueblo quiere justicia” y “presidente Moralejas, te queremos tras las rejas”, refiriéndose al programa que protagonizaba Morales antes de lanzarse a la política. Esta fue la marcha más multitudinaria en el país desde que hace dos años los guatemaltecos salieron en masa para presionar por la salida del expresidente Otto Pérez Molina, quien acabó dimitiendo acorralado por las investigaciones de la Fiscalía y la CICIG, la misión anticorrupción de la ONU en el país. Medios locales reportaron concentraciones con cientos de ciudadanos en varios puntos del país, desde la turística Antigua Guatemala al fronterizo departamento de Cobán, sin incidentes. El mes pasado, cuando Morales trató de expulsar al comisionado Iván Velásquez, quien había pedido investigar al mandatario por presunto financiamiento electoral ilegal, hubo algunas manifestaciones dispersas. Pero, el máximo tribunal del país anuló la decisión y los ánimos se calmaron. Sin embargo, el malestar resurgió la semana pasada, cuando los diputados votaron abrumadoramente por proteger a Morales de las investigaciones del veterano exmagistrado colombiano y por reformar el código penal para beneficiar a los imputados por corrupción. Morales ha negado cualquier ilegalidad. El presidente, un humorista de 48 años que llegó al poder por la oleada de descontento que generaron los casos destapados por la CICIG, anunció el martes en Naciones Unidas que pedirá una revisión de la Comisión, a la que ahora acusa de politizar la justicia y excederse en sus funciones. Aunque el Congreso dio marcha atrás en sus decretos y anunció que el jueves volverá a discutir el antejuicio contra Morales, muchos ciudadanos sienten que los políticos están poniendo en juego la lucha contra la corrupción La educadora Maricela Calderón participó en el paro junto a unos 30 compañeros de una escuela de Santa Catarina Pinula, un municipio que se convirtió en un símbolo de la corrupción en 2015 cuando un alud sepultó a unas 300 personas mientras investigaciones mostraban a políticos viviendo en la opulencia. “La población está cansada. Cansada de los diputados y del presidente”, dijo Calderón, de 43 años, rodeada de banderas nacionales. “Por eso paramos hoy y venimos a la plaza”, aseveró.

 

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