En un momento de amplia complejidad como el que nos ha tocado presenciar, con abundante información, noticias falsas y más estrategias de marketing político que de atención humanitaria, es imprescindible saber hacia dónde mirar.

Es un hecho que la presente crisis pasará y la resaca de las decisiones ahora tomadas generará el quebrantamiento de las instituciones de por sí ya debilitadas. El dilema que se desdobla ante la opinión pública es grande y difícil de descifrar.

Con el pretexto de la emergencia sanitaria, se ha estado atentando contra el orden Constitucional. Por un lado, se ha buscado prácticamente eliminar la división de poderes, uno de los más importantes logros contenidos en nuestra Constitución Política y que constituye el pilar de nuestra democracia. Condicionar la autonomía y las atribuciones del Poder Legislativo (en este caso de la Cámara de Diputados) no sólo condena a la extinción el equilibrio de poder, sino que pone en riesgo la estabilidad y la madurez del sistema político mexicano.

El otorgamiento de facultades discrecionales para la reasignación de recursos federales no solo centraliza el poder en el Ejecutivo, sino que da de manera absoluta poder a la figura presidencial, lo cual además de ser un sinsentido en un sistema democrático, es la llave de entrada al absolutismo arcaico que encarna impenetrables dictaduras.

Los legisladores mexicanos tienen una agenda plagada de pendientes, de temas verdaderamente urgentes que han sido dejados de lado como instrucción presidencial a fin de completar una agenda rumbo a la reelección.

Si ya de por sí el ejercicio del gasto público en México es discrecional, en este momento no debe volverse aún más. Mucho menos en un gobierno cuyo liderazgo esperó dieciocho años por llegar al poder, y que durante esos largos años de campaña, se dedicó a señalar (y con razón) las prácticas clientelares y las corruptelas vigentes, pero que sobre todo prometió erradicarlas de tajo desde el minuto cero de su administración.

Las determinaciones del presupuesto federal, así como la orientación del gasto público es por diseño una facultad del poder legislativo, que recae (y así debe continuar siendo) en la Cámara de Diputados.

En el marco de la Constitución Política Mexicana, se debe defender la competencia de la Cámara y sin sesgo ni distractores debemos ser consientes de que ninguna emergencia puede justificar su eliminación. En pocas palabras, hacerlo es entregar la llave de los candados constitucionales que generan un equilibrio de poder y limitan el presidencialismo.

El simple hecho de que el presidente haya presentado la iniciativa ya debe preocuparnos; hacia allá es adonde debemos mirar, pues la Constitución es el valor supremo de la democracia mexicana, ningún gobierno tiene derecho de cambiarla a modo, ni de manipular el ejercicio del Congreso.

La aprobación de la iniciativa presentada por el presidente López Obrador para modificar la Ley Federal de Presupuesto, en nombre de la crisis económica causada por la emergencia sanitaria, otorgará discrecionalidad del gasto, borrará las facultades de la Cámara de Diputados y coronará el poder absoluto en la figura presidencial.

Es hacia allá adonde debemos mirar.

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