Por primera vez un ministro de la Corte presenta su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la reforma judicial de 1994. En una carta masivamente difundida, el ministro Medina Mora presentó al presidente de México su renuncia al cargo por el que fue electo en 2015 por el Senado de la República, sin hacer explícitas las “causas graves” que lo motivan.

La decisión del ministro resulta inédita en la vida moderna del Poder Judicial en México. Por un lado, está la relevancia del caso en si mismo y alude a la historia de follow the money (o la ruta del dinero). Hace poco conocimos que la National Crime Agency del Reino Unido había detectado transferencias millonarias desde México a cuentas del ministro por poco más de 2.3 millones de libras esterlinas, algo así como 57.6 millones de pesos.

Por otro lado, el Departamento del Tesoro habría detectado depósitos por 2 millones de dólares entre 2016 y 2018, a las cuentas del ministro. Derivado de estas investigaciones, la información recopilada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP junto con la Fiscalía General habría encontrado discrepancias inexplicables entre las transferencias millonarias con sus declaraciones patrimoniales.

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Por el otro lado, el caso del ministro resulta relevante porque reabre el debate sobre el tipo de Corte que necesita la sociedad mexicana. ¿En tiempos de la autonombrada 4T cuál debe ser el papel de la Corte en nuestra democracia? En 1994, cuando se dieron las reformas constitucionales para dotar de independencia a la Corte, el método de nombramiento a través de ternas respondió al contexto y a las necesidades del régimen de aquel entonces, bajo la presidencia de Ernesto Zedillo, cuyo partido no contaba con la mayoría calificada en ambas cámaras y que hicieron necesario negociar algunos nombramientos a favor del PAN.

Como bien lo explican algunos autores (Mayer-Serra y Magaloni, 2010), en las postrimerías del régimen de partido único se optó más bien por una Corte de continuidad y no de ruptura con el pasado, en la que los ministros asumieron que su función era decidir casos, en vez de ser máximos jueces capaces de fijar reglas constitucionales y poner en un primer plano el impacto económico, social o político de sus decisiones .

Si bien ha habido avances notables en los últimos años para que la Corte asuma su rol como tribunal constitucional, también en cierto que no ha logrado ganar legitimidad social, lo cual se refleja en su percepción como un actor costoso, lleno de excesos e inmerso en anacronismos, como lo muestra la redacción de sus sentencias, por citar sólo un ejemplo.

En el actual proceso de transición de régimen, podría no ser inaudito que el caso Medina Mora detone un debate lo suficientemente amplio y plural que permita revisar algunos aspectos clave para fortalecer a la Suprema Corte como un actor político y jurídico relevante capaz de despertar la confianza ciudadana. Uno de esos aspectos es la forma de nombramiento de los ministros, respecto al cual conviene reflexionar sobre el derecho de la sociedad para conocer con toda transparencia la ideología de los candidatos.

Como parece demostrar el caso del ministro que hoy pide su renuncia, la Corte no es casa de impolutos y la batalla contra la corrupción también debe incluir al Poder Judicial, pues una de sus fortalezas como máximo tribunal constitucional justamente debería descansar en su reputación entre los poderes y ante la sociedad.

[1]“La forma es fondo: cómo se nombran y deciden los ministros de la Suprema Corte de Justicia”, Carlos Elizondo Mayer-Serra y Ana Laura Magaloni (2010), Cuestiones Constitucionales.

 

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