Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), dice en entrevista que la última reforma electoral “suena sexy”, pero fue hecha con puras “ocurrencias”. Asegura que hoy muchos medios de comunicación en todo el país son “adictos” a la publicidad política, lo que los convierte en “cómplices del poder público”.

 

La actual reforma electoral es un documento construido con ocurrencias, una ‘cosa que suena sexy’, pero que no ayudará a corregir un sistema corruptor, y su aplicación promoverá litigios, asegura el analista Luis Carlos Ugalde.

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El politólogo, consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) de 2003 a 2007, advierte del arribo de un clima de conflictos poselectorales tras el proceso de 2015, donde será difícil sancionar a un posible infractor, cuando se busca enmendar los efectos antes que las causas de una “enfermedad”.

“Se hizo esta ‘cosa’ que sonó sexy, pero que no va ayudar mucho a cambiar la realidad de elecciones que efectivamente son inequitativas, caras, que están generando mucha corrupción”, dice Ugalde en entrevista realizada para una investigación del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y publicada en exclusiva en Forbes México.

“Esta creciente corrupción en México tiene que ver con el hecho de que si un candidato a gobernador puede gastar 50 millones legalmente, pero realmente gasta 500 millones, como es frecuente, los otros 450 millones vienen de varias fuentes. Eso quiere decir que desde su primer día de gobierno ya debe ese dinero para contratistas, al gobernador que acaba de salir y a otros, y así empieza el ciclo corruptor. Es muy grave lo que está pasando”, dice.

 

Medios ‘adictos’ al dinero público

El 24 de mayo de 2014 entró en vigor la nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, reglamentaria del artículo 41 constitucional, que contempla las causas de nulidad[1].

Exceder el gasto de campaña en 5% del total autorizado, adquirir cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la Ley, y emplear recursos de procedencia ilícita o públicos en las campañas, son causales “mal planteadas”, califica Ugalde, y afirma:

“Atacan los efectos antes que las causas de la enfermedad.

“El problema es que las pruebas objetivas para que un tribunal pueda validar  las circunstancias de tiempo, modo y lugar (de nulidad) son sumamente difíciles de obtener y, por lo tanto, lo más probable es que estimulen el litigio, la queja, los conflictos poselectorales, sin solucionar la realidad y sin sancionar a quien cometa estas infracciones o violaciones a la Ley.

“Estas causales están ahí porque en los últimos años los partidos políticos han rebasado comúnmente los topes de campaña. Es una práctica creciente que se rebasa no por un 5%, sino por 100, 200 o 300%.

“(Incluye el) pago de cobertura informativa y desvío de recursos públicos. Son hechos reales. Ahora, ¿la amenaza constitucional va a prevenir que ocurran? Creo que no porque reitero que son muy difíciles de probar jurídicamente.

“Habrá una invitación a quienes queden en segundo lugar para que pidan anular las elecciones, pero no habrá forma de comprobarlo.”

HQ: ¿Podríamos decir que no son viables?

LCU: Es una regulación mal conceptualizada porque ataca manifestaciones sin ir al fondo del problema. Creen que tapando chipotes vas a solucionar problemas. Esto sólo ataca el problema al final del camino.

“Las preguntas que hay que hacernos son: primero, ¿por qué las campañas son tan caras?; segundo, ¿por qué pueden financiarse de forma paralela sin reportar los gastos a la autoridad? Esas son las preguntas de fondo. Y tercera: ¿qué sucede con la industria de los medios de comunicación, que ha dado lugar a todo este mercado ilegal de cobertura informativa pagada?”

HQ: ¿Luis Carlos Ugalde hubiera propuesto otro tipo de causales..?

LCU: Por supuesto. Pero no, no son las causales; es problema del enfoque, del sistema jurídico mexicano y del sistema electoral en lo particular, es pensar que con castigos cambian la realidad.

“No hay que amenazar con que te anulo la elección si gastas de más. Hay que analizar por qué los partidos son los que gastan de más. Gastan porque la movilización del voto es muy cara y el clientelismo electoral ha aumentado mucho. También, ahora muchos medios viven del dinero público, viven dependientes de él y, por lo tanto, acuden a las campañas a cobrar la cobertura. Además, hay una enorme liquidez en las haciendas locales y estatales sin control. Los gobernantes en turno, de todos los partidos, están dispuestos a arriesgar recursos para que gane su candidato como medida de protección de cobertura futura.

“¿Qué hacemos para solucionarlo? Una medida es anular elecciones, pero nadie paga una entrevista con American Express, obviamente, ni hay facturas. Se paga en efectivo o se triangula a la cuenta de otro anunciante, que paga y pide que se le dé tiempo aire a tal o cual candidato. La pregunta es ¿por qué ha sucedido este fenómeno con los medios de comunicación? Y una razón es el incremento desmedido del gasto federal en publicidad y en comunicación social, que ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón, que la subió de 900 millones a 5,000 millones (de pesos), y los gobiernos estatales la subieron otro tanto, entonces generaste un mercado de adictos crecientes a recursos públicos, multiplicaste los medios de comunicación en entidades como Tabasco, donde hay 18 a 20 periódicos, al igual que en otros estados, que descubren las campañas como medios de financiamiento.”

 

Prohibir la ‘publicidad política’

Ugalde propone que una medida drástica, pero eficaz, sería prohibir la publicidad del gobierno en todo tiempo y lugar, para solamente permitir campañas de interés público.

“No tiene causa de utilidad pública que un gobierno anuncie su informe y su política social.

“Hay causa de interés público que se anuncie una campaña de vacunación u otra para mejorar a la policía, pero fuera de eso, la publicidad gubernamental debe prohibirse.

“Sería como una terapia de shock para los adictos, y muchos morirían. Pero generarías la muerte ordenada de medios que viven de la extorsión de los dineros públicos, que además se vuelven cómplices del poder público y, por lo tanto, no son medios de equilibrios informativos.

“Una vez que ocasiones la muerte de una ola de medios surgidos para la publicidad oficial, entonces vas a equilibrar al mercado, tendrás más periódicos viviendo de lectores y no de extorsiones, y esto a la larga te va a servir para reducir este problema que todos los candidatos enfrentan, de que si no pagan un convenio de publicidad con un periódico no reciben cobertura. Es el problema de fondo. Mientras esto no se corrija, puedes poner lo que quieras en la Constitución, en la Carta Magna o en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no va a tener ningún impacto en la vida real.”

HQ: El prorrateo… ¿qué papel juega en la fiscalización?

LCU: Se crearon 12 o 13 combinaciones posibles. No va a funcionar porque lo complicaron demasiado. Es, otra vez, un problema de regulación electoral en México, en donde se sobrerregula. No es que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo haga bien, y lo hace bien. Lo que el IFE o el INE acaban fiscalizando es un 30 a 40% de lo que realmente ocurre, porque las campañas reportan en realidad 20 a 30% de lo que gastan.

“Es el resultado de un estudio que hizo Integralia[2]. Lo que fiscaliza el IFE es (sólo) lo que reportan los partidos. El otro 70% está por debajo de la mesa. Es como un iceberg.”

HQ: ¿Urge tener una reforma electoral más eficaz?

LCU: Se necesita una regulación inteligente. (La actual) se convirtió en una condición sine qua non para la reforma electoral, que era necesaria para una reforma energética. Entonces fue una reforma de ocurrencias que no se meditó. Estimo que no va a funcionar… Y no sé si pronto habrá una buena reforma electoral.

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[1]Reforma del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente a la Soberanía Nacional y la Forma de Gobierno, páginas 425 a 435.
[2]Ejemplo referente al estudio publicado por Integralia (Capítulo V, Ejecución del Gasto Público, 2012), la consultoría de Ugalde, donde tras un análisis, entrevistas y estudios de campo informan que buena parte de los gastos de una campaña política no se reportan porque son en efectivo o ni siquiera los paga la campaña, y porque los partidos regularmente reportan la parte que está legalmente permitida, o sea el tope de campaña, y el resto que puede sumar varias veces ese tope no se reporta.

 

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