En medio de la devastación y de los más de 6,000 muertos que el tifón Haiyán dejó a su paso por Filipinas, en 2013, la brasileña Luiza Carvalho, entonces coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en ese país, recibió la encomienda de proteger a las mujeres y niñas afectadas por el fenómeno natural, quienes eran susceptibles de sufrir violaciones o acoso de los tratantes de personas.

Y así ha pasado toda su vida, defendiendo los derechos de su género, ya sea en el entorno familiar, en las empresas o incluso en la política, sobre todo de Latinoamérica y el Caribe (LAC), una región en la que 1,917 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2016, como indican las cifras más recientes del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.

El interés en estos temas por parte de la hoy directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe surgió en su niñez, influenciada por su abuela, quien creía que hombres y mujeres debían gozar de los mismos derechos y que las mujeres tenían que trabajar.

“Yo soñaba con ser embajadora, pensaba que iba a representar a Brasil en foros internacionales”, recuerda Carvalho, nieta de inmigrantes italianos y españoles.

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Desde esos días le encantaban las grandes ciudades, en las que ha trabajado, pero también ha tenido injerencia en las problemáticas rurales y en los movimientos de defensa de los indígenas: “Siempre tuve la idea de que mi carrera iba a estar muy enfocada en las dinámicas humanas, las relaciones intergubernamentales, el multilateralismo”.

Carvalho es licenciada en Administración de Políticas Públicas para la Generación de Empleo por la Universidad de Campinas y en Planificación y Administración por la Universidad de Brasilia, ambas en Brasil. También cuenta con un doctorado en Sociología por la Universidad de Essex y una maestría en Planificación y Desarrollo Social de la London School of Economics and Political Science, las dos ubicadas en Reino Unido.

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En 1983 se integró como coordinadora de campo de un proyecto que buscaba eliminar el déficit habitacional en Brasilia y varias ciudades satélites, en el que se decidió dar el título de propiedad de los inmuebles a la pareja cuando había una relación legal y a la mujeres cuando no la había.

“Yo me acuerdo de la dificultad de implementarlo, tuvimos que tener aliados muy fuertes dentro de la policía, porque hubo muchas acciones de los hombres”, cuenta Carvalho, entrevistada en las oficinas de ONU Mujeres, en Panamá. El resultado fue una baja tasa de reventa de las casas.

La originaria de Brasil también laboró en el gobierno del Distrito Federal (Brasilia), durante más de 15 años, en la promoción del desarrollo social en las áreas suburbanas de la capital del país, primero en campo y luego como supervisora de Programa y asesora del Departamento de Planificación de la Gobernación del Distrito Federal.

Más tarde ingresó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde desempeñó los cargos de oficial de Programas (1999-2001) en Brasil, y de representante residente adjunta en Venezuela (2005-2008) y de coordinadora de la Unidad de Políticas Sectoriales (2002-2005).

Luego fue coordinadora residente de Naciones Unidas en Costa Rica (2008 y 2012). Ahí trabajó con el gobierno en la elaboración de una política nacional de seguridad ciudadana que garantizara los derechos de mujeres y niñas, sobre todo a una vida libre de violencia.

Leyes que defienden a las mujeres

Por otra parte, coordinó el apoyo al gobierno costarricense en la formulación de un Plan Nacional de Desarrollo con una fuerte perspectiva de sostenibilidad ambiental y género. En ese momento, tanto Naciones Unidas como el gobierno de Costa Rica coincidían en que el desarrollo local se lograría con la inclusión de las mujeres, pero también con su visualización y empoderamiento en el ámbito municipal.

“La idea era que el plan de desarrollo pudiera diversificar las inversiones de los mayores centros urbanos, como Heredia y San José, pero también irse cada vez más a los espacios comunales y a los cantones [localidades que integran las provincias] más distantes, para que se pudiera promocionar la mayor inclusión de la mujer, su mayor participación económica”, platica Carvalho.

Desde su punto de vista, países como Centroamérica y República Dominicana (CARD) tienen una deuda pendiente en el freno a los feminicidios. Honduras es el país con el mayor número de estos crímenes (466 en 2016), seguido de El Salvador (371), Argentina (254), Guatemala (211) y Venezuela (254), indica el Observatorio de Igualdad de Género.

“Hay un compromiso gubernamental [en Centroamérica] de aprobar leyes, pero es muy importante que nosotros también trabajemos en los otros frentes, con los estereotipos, en una justicia eficiente”, dice Carvalho.

En lo positivo, explica que Guatemala tiene tribunales especializados que lograron reducir el número de feminicidios. Costa Rica dio un ejemplo mundial cuando el Estado tomó la decisión de que no podrían pasar más que 11 meses de investigación en los casos o posibles casos de feminicidios y de que debían ser sentenciados inmediatamente.

“Costa Rica disminuyó significativamente las tasas de feminicidio porque envió un mensaje muy claro y muy contundente: ‘la impunidad en este país no existe, estamos pendientes’ y este también debería ser el compromiso de los otros Estados en esta región”, enfatiza la directiva.

El combate al matrimonio infantil y la eliminación del embarazo adolescente son otras de las grandes deudas de CARD, las cuales implican que a muy temprana edad se comprometen las posibilidades de desarrollo de las mujeres, debido a que adquieren otras responsabilidades.

La tasa de fecundidad en adolescentes en LAC es una de las más altas del mundo, solamente superada por los países del África subsahariana, explica el Observatorio de Igualdad de Género. El reporte añade que Nicaragua, República Dominicana y Honduras lideran este problema.

En este sentido, Carvalho destaca que el año pasado El Salvador, Honduras, Guatemala y Trinidad y Tobago hayan aprobado leyes que prohíben el matrimonio infantil.

“Esto fue mencionado en congresos africanos donde el matrimonio infantil todavía es muy arraigado. Hace falta que los gobiernos implementen políticas que puedan responder muy fuertemente a estas necesidades”, recuerda la directiva de Naciones Unidas.

También resalta iniciativas implementadas en la región, como Ciudad Mujer de El Salvador, un programa gubernamental que agrupa en un mismo espacio a todas las instituciones que dan servicios a las mujeres, con la finalidad de ofrecerles atención integral y servicios que mejoren su calidad de vida.

Pero, desde su perspectiva, también hay aciertos que podrían ser perfectibles, como en el caso de República Dominicana, donde ha habido una fuerte inversión en las mujeres de bajos ingresos desde hace algunos años, pero el siguiente paso debería ser promocionar una movilidad social importante del género femenino.

Carvalho ahonda que hay que enganchar a las mujeres con sistemas de créditos, residencias e inserción en el mercado laboral, de modo que puedan ascender en la escala social. Y en este punto, dice, es vital aumentar su escolaridad, poner servicios de planificación familiar y para las niñas de educación sexual.

A su juicio también es crucial darles acceso a la justicia. “No puede tener tiempos muy dilatados, porque hay muchas posibilidades de retaliación [venganza], de sufrir nuevamente la violencia, porque normalmente está probado que si la violencia hacia los hombres es pública, hacia las mujeres predominantemente es doméstica”.

En su opinión, el gran problema de Centroamérica está en que no cuenta con un modelo de desarrollo más inclusivo que permita, tanto a hombres como a mujeres, contar con mejores salarios, oportunidades y una escolaridad creciente. “La disminución de los índices de pobreza, pero también la violencia y el feminicidio son los grandes vertebradores [articuladores]; la violencia y los feminicidios han generado nuevas políticas públicas en Centroamérica”.

Sin ellas no hay democracia

Evidentemente, todo esto se ve reflejado en la participación de la mujer en la política. Y a diferencia de lo que se podría pensar, Nicaragua es el país con un mayor porcentaje de mujeres en los gabinetes ministeriales de LAC y la península ibérica (57.1%), de acuerdo con el Observatorio. Sin embargo, CARD también cuenta con ejemplos como Honduras (11.1%) y Guatemala (11.8%), que están en los últimos lugares de esta medición.

En mayo de este año se llevó a cabo la Cumbre de Agendas Locales de Género en Cuenca, Ecuador, en la que participaron más de 500 personas, entre ellas parlamentarias y alcaldesas de 23 países. Ahí se habló de que a la violencia doméstica ocurrida en la comunidad y en las calles se debía añadir una alarma por el aumento de la violencia política, como una reacción al avance de las mujeres en la arena pública.

En las ponencias algunas alcaldesas narraron las vejaciones que han pasado por ocupar puestos de poder. Como ejemplo, Carvalho recuerda que mataron al hermano de una de ellas y que su madre perdió la vista durante un ataque en México, y que en El Salvador y en Guatemala a otras no las dejaban asumir el cargo.

Una vez en funciones también sufren represalias extremas. “Una alcaldesa de Guatemala decidió tomar un río y explotarlo financieramente para pagar los impuestos del municipio, pero el río estaba tomado por varios grupos y recibió una confrontación fuertísima, que llegó a su familia, que llegó hasta sus dependientes”. A esto hay que añadir la discriminación. “Decía [una alcaldesa] ‘yo tengo problemas con mis ojos, me tengo que poner gafas porque no puedo ver con claridad y me miran y dicen: ah, usted está muy indígena y anda muy moderna’. ¿Como es esto? O sea, existe una dificultad en nuestra región para entender el cambio que lleva a las mujeres a la igualdad”.

Muros hasta en la oficina

Este problema también ocurre en las empresas. Latinoamérica está mejor que regiones como Asia o África, asegura Carvalho.  Agrega que hay una gran conciencia por parte de la iniciativa privada, sobre todo en las grandes multinacionales, debido a que se han comprometido a adoptar los mismos procedimientos que en sus matrices en materia de empoderamiento femenino. Y esta dinámica ha creado un efecto multiplicador que se ha expandido a otras compañías.

En LAC hay cerca de 117 millones de mujeres que forman parte de la fuerza de trabajo, indican los datos más recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En marzo de este año, José Manuel Salazar-Xirinachs, director Regional del organismo, calificó estas cifras como un “fenómeno imparable”. También dejó claro que aún estamos muy lejos del objetivo de la igualdad de género, como lo indican las cifras de la institución, en las que la brecha salarial bajó alrededor de 5% entre 2005 y 2015, pero todavía los hombres ganan 15% más.

En la lectura de Carvalho esto ocurre en todas las empresas, no importa si son grandes o pequeñas, existe un sistema que tiende a remunerar mejor a los varones, sobre todo al sumar las prestaciones.

“El sector privado puede y debe organizar la manera como remunera a hombres y mujeres, eliminando la discriminación”, añade. Además, propone apoyar a las mujeres con horarios flexibles, centros de cuidado para sus hijos y programas para empoderarlas.

La entrevista con la directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe podría continuar por horas, pero llega el momento de la sesión fotográfica, y mientras se prepara para posar, Carvalho deja al aire un último tema: el papel de las mujeres y el narcotráfico, pues cuando sus parejas se dedican a la venta al menudeo y tienen que huir o van a la cárcel, muchas veces son presionadas para asumir su puesto.

 

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