Notimex.- En países donde hay menor desarrollo humano, más desigualdad y corrupción existe una tendencia a no castigar los crímenes contra la comunidad LGBT+, sugiere un comparativo realizado por la agencia informativa estatal.

México es uno de los 14 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que no castiga al homicidio de odio; 29% de las naciones de la OCDE no lo penaliza, mientras 61% (22 países) sí lo hace.

El Código Penal Federal mexicano no considera el crimen de odio en razón de la “preferencia u orientación sexual” de la víctima, y en lo referente a “identidad de género” el término no figura en dicho documento.

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) reportó en su informe Homofobia de Estado 2017 que México es uno de los países en el mundo que no penaliza este tipo de crímenes contra la comunidad LGBT+.

Ante ello Ricardo Hernández Torcada, promotor y defensor de Derechos Humanos y derechos LGBT+, considera que hay una relación estrecha en los países con mayor desarrollo humano con el acceso a derechos.

Para el especialista, resulta lógico observar que ese tipo de naciones orienten sus acciones de inclusión a salud, educación o prevención de la discriminación.

“En los países con alto desarrollo humano se ha observado un trabajo importante para tipificar el homicidio por homofobia, lesbofobia y transfobia; de tal suerte, este tipo de Estados cuentan con marcos normativos y sistemas institucionales que permiten enfrentar de manera más clara la incidencia de este tipo de sucesos”, añadió Hernández Torcada.

Además, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) mundial es revisado anualmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y sus resultados son presentados en el Informe sobre desarrollo humano, en el cual se pone de manifiesto la progresión de un país en tres categorías base: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno.

Luego de una comparativa se detectó que en los países con más desarrollo hay una tendencia a penalizar el crimen de odio por homofobia, pero la tendencia de este paradigma de justicia va disminuyendo conforme avanza la brecha hacia el subdesarrollo.

Las estimaciones del Banco Mundial (BM) sobre desigualdad en las naciones se calculan con base al Índice de Gini (IG), herramienta que basa sus mediciones en estadísticas recabadas por organismos de estadística de los gobiernos de cada país, así como en las representaciones del BM en cada región.

Según Hernández Torcada “existe correlación en países con mayor grado de igualdad que tienen la capacidad de sancionar este tipo de violencias a través de marcos normativos institucionales que permiten enfrentar este fenómeno”.

El especialista destacó que “cuando hay preocupación por parte del Estado para enfrentar todas las problemáticas sociales en conjunto, claramente avanzan de manera paralela en combatir pobreza, rezago en conjunto con la construcción de estructuras de justicia más eficaces”.

Subrayó que en los gobiernos que implementan mecanismos eficaces en el combate a la corrupción el esfuerzo se refleja en el interés para aplicar políticas para disminuir la intolerancia, la discriminación y la violencia.

“Uno de los fenómenos más claros y directamente relacionados con la impunidad es precisamente la corrupción. Si existe corrupción en el sistema de justicia, tanto por parte de la procuración, así como de la administración, no será posible avanzar en el combate a la impunidad, ni de este –el homicidio de odio- ni de ningún otro tipo de suceso delictivo”, agregó.

Y al comparar el Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparencia Internacional con el ranking ILGA se percibe una tendencia donde a mayor corrupción menor el interés de los gobiernos en sancionar los asesinatos de integrantes de la comunidad LGBT+.

No penalizar el crimen de odio por la condición LGBT+ de la víctima es una forma de expresión del Estado homofóbico, pues existen países que no lo hacen debido a resistencias de orden cultural, donde los tomadores de decisión en la creación de las leyes tienen poca sensibilidad para incorporación de penas para delitos de esta naturaleza, subrayó Hernández Torcada.

El defensor de Derechos Humanos consideró que en México es de suma importancia que el Código Penal Federal considere este delito, y el criterio sea unificado en el resto de los códigos estatales que aún no lo han integrado.

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