Analizar el impacto que tiene en la sociedad del siglo XXI la despenalización y la legalización de las drogas es fundamental para la atención integral de problemas profundos y de amplio espectro en las políticas públicas.

No sólo se mira el tema de la salud pública y la seguridad como prioritarios, sino que se envuelven los dilemas acerca de los mecanismos de control para el acceso, la distribución y el mercado que se pretende regular.

La despenalización de las drogas, especialmente el de la cannabis, alrededor del mundo ha abierto amplios debates acerca de los usos recreativos y terapéuticos de la sustancia. Hoy por hoy, la cannabis es la sustancia psicoactiva ilícita más usada en el mundo con al menos 200 millones de consumidores.

Por lo menos en los últimos cuarenta años, la violencia, la corrupción y el incremento constante en el número de adictos han puesto de manifiesto la necesidad de tener una política de mayor flexibilidad en el mercado para evitar que la prohibición condicione el incremento en la demanda de sustancias ilícitas.

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El debate actual acerca de la legalización y la despenalización de las drogas aborda también las agendas conjuntas entre países que comparten además de frontera la problemática natural que ofrecen los canales de distribución y las líneas de producción.

Es bien conocida la problemática nacional y regional desarrollada a raíz de la situación en Colombia; la guerrilla, la lucha entre cárteles, la intervención de la DEA y los acuerdos con los actores políticos que permitieran la estabilización del país y la región; pero también es bien conocido el ciclo de consumo de Estados Unidos y Europa que siguen alimentando la elasticidad del mercado e incentivando la producción.

Hablar de legalización es hablar de la creación de normatividad no sólo para el consumo, la producción y la distribución; es hablar también de legislación de comercio internacional y de homologación de estándares de calidad en la producción y la apertura a mercados colaterales de consumo.

Por ejemplo, actualmente países como Uruguay, Estados Unidos y Canadá han legalizado la cannabis con fines recreativos, siguiendo un modelo similar de restricción en la posesión (gramos permitidos por persona); sin embargo, en lo que respecta a la distribución, el rol del médico para la prescripción de la sustancia con fines medicinales y el fondeo a programas públicos de prevención al consumo tienen diferencias estructurales que agudizan las controversias entre las diferentes legislaciones.

El debate abierto en México no sólo apunta a la disminución de la violencia y la inestabilidad derivada de la presencia de grupos del crimen organizado en todo el país. Radica fundamentalmente en la relación simbiótica entre el consumo de los Estados Unidos y la producción en México y al igual que en Filipinas, la guerra contra las drogas se percibe como un mal de profundas raíces que ha carcomido el tejido social.

Desde la tribuna de las Naciones Unidas, se han hecho diversos llamados a la comunidad internacional para que se analice el impacto y la efectividad de la lucha contra las drogas. Se ha reiterado la necesidad de generar una postura conjunta e integral entre las naciones, que no sólo implica la legalización y la despenalización sino la promoción de una cultura de prevención y que logre desincentivar el consumo, sobre todo entre niños y jóvenes.

El tráfico ilícito y el abuso de sustancias nocivas son uno de los problemas más importantes para las agendas nacionales en la búsqueda de sociedades más seguras y saludables. Los programas de prevención, tratamiento y reintegración social no son desarrollados con efectividad ni eficiencia alrededor del mundo. Y con preocupación se ve el creciente fenómeno entre drogadicción y VIH como sucede en Portugal; donde la política de salud pública de la Unión Europea no ha logrado permear lo suficiente para disminuir la incidencia de adolescentes y adultos jóvenes en esta preocupante situación.

El narcotráfico es un problema global que requiere acciones coordinadas, balanceadas e integrales, que además de la voluntad y la cooperación entre naciones requiere una estrategia de soluciones sustentables más desde una perspectiva de salud pública que con una perspectiva criminal.

 

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