Cuatro compañías que ofrecen servicios de autotransporte federal de pasajeros operan en 95.2% de las 5,877 rutas existentes en el país, lo que provoca falta de competencia y esto desencadena en costos más altos en comparación a estos servicios en otros países.

En 2017 el transporte terrestre de pasajeros obtuvo ganancias por 373,800 millones de pesos, que representó 2.1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, en el que se identificó falta de competencia en la mayoría de las rutas que se ofrecen en el país, de acuerdo con un estudio elaborado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

El estudio identificó 29 grupos que operan las rutas de autotransporte federal, de los cuales cuatro son proveedores únicos en un alto porcentaje y en 76.85% de ellas son atendidas por un solo agente económico.

Esta concentración se debe en gran medida a que la regulación actual desincentiva la entrada y operación de nuevas empresas, así como el limitado acceso de nuevos competidores a las terminales.

En ese sentido, el estudio revela que de las 899 terminales identificadas en el territorio nacional, 820 están controladas o son propiedad de empresas de autotransporte y antes de que nuevas empresas se integren a operar en una central concesionada o propiedad de una empresa necesitan llegar a un acuerdo con dichas empresas.

Existe una ventana de oportunidad para abrir este mercado a través de las centrales concesionadas cuyos permisos están por expirar, apuntó Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Cofece.

“Lo que encontramos son que existen al menos 31 terminales concesionadas, es decir, que son propiedad del Estado mexicano y se las dio a un tercero para operarlas. Esas concesiones datan de hace mucho tiempo, por ejemplo, la Central del Norte de la Ciudad de México data de 1969 y la Central de Autobuses del Poniente es de 1962, algunas de ellas están por llegar a su término y vemos que el gobierno puede volver a licitarlas y obligar a temas de acceso”, apuntó la comisionada durante la conferencia para presentar este estudio.

Asimismo, el organismo autónomo sugiere revisar la regulación actual con el objetivo de flexibilizar el modelo de negocios.

Propone suavizar la obligación de disponer de terminales de origen y destino para operar, suprimir el registro de tarifas máximas y eliminar el requisito de avisar con 30 días de anticipación la cancelación de una ruta o tramo.

Palacios señaló que si como parte de esta investigación se determina que existe colusión entre grupos de interés económico procederá a sancionarlos.

 

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