Lo que el jueves 19 de abril de este año comenzó como una protesta pacífica contra la propuesta gubernamental de aumentar las cuotas de la seguridad social, derivó en un saldo de más de 300 fallecidos, además de impactos negativos en áreas como el turismo, la generación de empleos y el crecimiento de la economía.
Originalmente, la meta de crecimiento fijada por el gobierno nicaragüense para este año era de entre 4.5 y 5%, pero el 21 de mayo, cuando sólo habían transcurrido 34 días de crisis, se redujo a 3 o 3.5%. A finales de junio, el gobierno la estableció en un rango de entre 0.5 y 1.5%, bajo la condición de que el conflicto no se mantuviera durante el tercer trimestre del año.
En una visión menos catastrófica, Álvaro Vargas Briones, experto en finanzas y analista de temas internacionales de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), con sede en México, calcula que Nicaragua puede llegar a sufrir una caída del PIB de hasta 2% (desde el 4.5%), debido a las afectaciones económicas que ha provocado la crisis política y social.
Integrantes de la iniciativa privada, que solicitaron el anonimato, consideran que los estragos de la crisis político-social tienen impacto en el sector bancario, debido a que los depósitos a cuentas han bajado, en promedio, 12% al mes.
“Los créditos al consumo están dejando de ser solicitados por la población debido a que actividades de recreación, como ir al cine o de compras, se han visto afectadadas porque la ciudadanía, después de las seis de la tarde, no sale a la calle por los enfrentamientos entre el gobierno y grupos opositores”, comenta una de las fuentes.
El Banco Central de Nicaragua estimó la pérdida de 85,100 empleos. Esto se debe a que los inversionistas no tienen confianza, por lo que los niveles de producción están bajando, explica Vargas Briones.
“Eso significa que la tasa de desempleo va a pasar del 3.7% que hubo en diciembre de 2017, a alrededor de 6% en este año”, explicó Ovidio Reyes, presidente del Banco Central nicaragüense, en la tercera sesión del diálogo nacional, que se efectuó el 22 de mayo en la ciudad de Managua.
Hoy, la ocupación hotelera es de 30% en San Juan del Sur, Tola, Playa Maderas, Playa Hermosa y en algunos sitios del municipio de Rivas, indican cifras de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur).
El problema es grande, pues esta actividad impacta en servicios que, de acuerdo con la organización gremial, el año pasado generaron 840 millones de dólares (mdd). La institución esperaba llegar a 900 mdd en 2018, pero hoy calcula que difícilmente alcanzará los 700 mdd.
Éxodo perjudicial
Para el especialista de la EBC, la situación en Nicaragua tiene impacto en las economías de Centroamérica, debido al flujo migratorio, por el acomodo de estas personas, además del malestar social de los países vecinos.
La Organización de las Naciones Unidas señaló, a finales de julio, que la mayoría de las personas que huyeron de la violencia se refugiaron en Costa Rica, donde al menos 23,000 intentaron obtener asilo desde el comienzo de la crisis.
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El deterioro de las perspectivas de crecimiento, pérdida de empleos y un gran flujo migratorio hacia países vecinos son algunos de los estragos que ha dejado el gobierno de Daniel Ortega.
Lo que el jueves 19 de abril de este año comenzó como una protesta pacífica contra la propuesta gubernamental de aumentar las cuotas de la seguridad social, derivó en un saldo de más de 300 fallecidos, además de impactos negativos en áreas como el turismo, la generación de empleos y el crecimiento de la economía.
Originalmente, la meta de crecimiento fijada por el gobierno nicaragüense para este año era de entre 4.5 y 5%, pero el 21 de mayo, cuando sólo habían transcurrido 34 días de crisis, se redujo a 3 o 3.5%. A finales de junio, el gobierno la estableció en un rango de entre 0.5 y 1.5%, bajo la condición de que el conflicto no se mantuviera durante el tercer trimestre del año.
En una visión menos catastrófica, Álvaro Vargas Briones, experto en finanzas y analista de temas internacionales de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), con sede en México, calcula que Nicaragua puede llegar a sufrir una caída del PIB de hasta 2% (desde el 4.5%), debido a las afectaciones económicas que ha provocado la crisis política y social.
Integrantes de la iniciativa privada, que solicitaron el anonimato, consideran que los estragos de la crisis político-social tienen impacto en el sector bancario, debido a que los depósitos a cuentas han bajado, en promedio, 12% al mes.
“Los créditos al consumo están dejando de ser solicitados por la población debido a que actividades de recreación, como ir al cine o de compras, se han visto afectadadas porque la ciudadanía, después de las seis de la tarde, no sale a la calle por los enfrentamientos entre el gobierno y grupos opositores”, comenta una de las fuentes.
El Banco Central de Nicaragua estimó la pérdida de 85,100 empleos. Esto se debe a que los inversionistas no tienen confianza, por lo que los niveles de producción están bajando, explica Vargas Briones.
“Eso significa que la tasa de desempleo va a pasar del 3.7% que hubo en diciembre de 2017, a alrededor de 6% en este año”, explicó Ovidio Reyes, presidente del Banco Central nicaragüense, en la tercera sesión del diálogo nacional, que se efectuó el 22 de mayo en la ciudad de Managua.
Hoy, la ocupación hotelera es de 30% en San Juan del Sur, Tola, Playa Maderas, Playa Hermosa y en algunos sitios del municipio de Rivas, indican cifras de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur).
El problema es grande, pues esta actividad impacta en servicios que, de acuerdo con la organización gremial, el año pasado generaron 840 millones de dólares (mdd). La institución esperaba llegar a 900 mdd en 2018, pero hoy calcula que difícilmente alcanzará los 700 mdd.
Éxodo perjudicial
Para el especialista de la EBC, la situación en Nicaragua tiene impacto en las economías de Centroamérica, debido al flujo migratorio, por el acomodo de estas personas, además del malestar social de los países vecinos.
La Organización de las Naciones Unidas señaló, a finales de julio, que la mayoría de las personas que huyeron de la violencia se refugiaron en Costa Rica, donde al menos 23,000 intentaron obtener asilo desde el comienzo de la crisis.
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