- Contar con instituciones y recursos humanos suficientes, profesionales, confiables y eficaces para dar acceso e impartir justicia, dar seguridad y hacer prevención social de la violencia y los delitos.
- Desarrollar políticas públicas transversales y de largo plazo que atiendan las condiciones estructurales que generan violencia y delitos.
- Incrementar sustancial y decisivamente la inversión pública en el sistema de justicia, seguridad y prevención social de la violencia, y hacerlo de manera integral y permanente para todas las entidades y todos los municipios de país.
- Recuperar la gobernabilidad y la confianza en las instituciones en todos los niveles, pero especialmente en restaurar la figura de los municipios como la forma de gobierno más cercana a la ciudadanía y al sistema productivo del país.
- Crear ambientes para la participación ciudadana y de todos los actores de la vida social en la construcción de espacios para la convivencia, la organización, la participación y la cocreación de soluciones para la construcción de paz.
Impostergable construcción de paz para México
Una revisión de las plataformas electorales de las principales fuerzas políticas, disponibles en el sitio del INE permite observar que seguridad, justicia y paz están en los proyectos de nación.
Por Angélica Garnica Sosa*
Quien tome protesta como presidente de la República para el periodo 2018-2024 tendrá el reto de desarrollar la capacidad política, institucional y social para construir paz, lo que significa hacer realidad el derecho humano que tenemos los seres humanos para vivir y desarrollarnos en plenitud, armonía y, hasta con felicidad, y hacerlo en todos los ámbitos de la vida, es decir a nivel individual, familiar, escolar, comunitario, laboral, económico, social, político y democrático.
En el 2018, en México prevalece un escenario del arraigo social del crimen, naturalización de la violencia, corrupción, cultura de la no denuncia, impunidad, desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia, y una, evidente y cada vez más sentida, incapacidad del gobierno para darnos seguridad. Sobre lo último, resulta fundamental reconocer que no contamos con la fuerza policial suficiente y con el perfil ad hoc para dar protección a las personas, sus bienes, atender la comisión de delitos y mantener el orden, la seguridad y la paz en todas las comunidades a lo largo y ancho del país. De acuerdo con el Índice de Paz para México 20181, el 2017 fue el año más violento en las últimas dos décadas con 24 homicidios por cada 100 mil habitantes y el impacto económico de la violencia en México ascendió a 4.72 billones de pesos (249 mil millones de dólares), que representa el 21% del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país y nos colocó en el lugar 140 de un listado de 164 países en el marco del Índice Global de Paz 2018.
Lo anterior obliga, a cualquier aspirante a la Presidencia de nuestro país, a poner en el centro de su plataforma la construcción de paz, lo que significa esencialmente: crear las condiciones para el desarrollo de las personas, las empresas y el desarrollo económico a nivel local, estatal y nacional. Eso implica atender de manera inmediata y sin titubeos los siguientes aspectos: