Los impuestos son un costo en sí mismos, pero eso es sólo el principio. También son determinantes en el tamaño de la economía informal, la innovación y el arribo de inversión extranjera, renglones en los que México no tiene buenas calificaciones.

 

Por Paola Palma

 

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En su segundo informe de gobierno, el presidente Enrique Peña manifestó que durante el resto del sexenio no habrá nuevos impuestos, no se elevarán los existentes y se mantendrán los beneficios fiscales que ya operan. A pesar de estas buenas noticias, el sistema impositivo que opera en nuestro país tiene efectos negativos sobre la inversión, la productividad y la competitividad de las empresas mexicanas.

¿Cómo afecta el sistema impositivo el nivel de inversión y la productividad de las empresas? De manera general, los impuestos crean distorsiones en las decisiones de las empresas. Ello depende no sólo de la tasa impositiva aplicada, sino también de los costos asociados al pago de impuestos y de los incentivos que el sistema crea en el ambiente de negocios.

Si un país no ofrece condiciones competitivas en materia de impuestos, el clima de negocios en el que las empresas surgen y se desarrollan no es óptimo para fomentar un desempeño productivo, lo que provoca la pérdida de oportunidades de inversión, tanto local como extranjera.

Al mismo tiempo, el sistema impositivo afecta el desempeño productivo de las empresas no sólo a través de la tasa que éstas pagan periódicamente, sino también de los costos de cumplimiento de los procedimientos para el pago de impuestos. Estos costos derivan del número de procedimientos que la empresa debe realizar para pagar impuestos, su complejidad y, sobre todo, del tiempo invertido en darles cumplimiento.

En México, según datos del Reporte Doing Business 2014, las empresas invierten 334 horas anualmente para cumplir con obligaciones relacionadas al pago de impuestos. Estas horas representan una pérdida de productividad ocasionada por la complejidad del sistema impositivo mexicano.

Por ello, México debe buscar una simplificación de los procedimientos relacionados con pagos de impuestos (menor número de procedimientos y menor complejidad) que permita a las empresas mexicanas reducir las horas invertidas, al menos a niveles similares a nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos (175 horas) y Canadá (131 horas).

La simplificación del sistema no sólo reduciría la pérdida de horas productivas que podrían utilizarse en las actividades propias de las empresas, también favorecería el registro de más empresas en el sector formal de la economía, ya que los impuestos representan uno de los costos que más inciden en la decisión de pertenecer o no a la economía formal.

En los Criterios Generales de Política Económica 2015, la Secretaría de Hacienda reconoce que “la complejidad en el pago de impuestos resulta particularmente onerosa para las empresas más pequeñas, y es en parte por ello que éstas son más propensas a ser informales”.

En México, según la Encuesta Empresarial del Banco Mundial, los empresarios identifican a la informalidad y a las tasas de impuestos como los mayores obstáculos para el desarrollo empresarial.

La SHCP señala que la Reforma Hacendaria contempla reducir la informalidad y la evasión fiscal, a través de mecanismos de formalización accesibles para todos. Sin embargo, si no se entiende que un sistema impositivo complejo y con elevados costos de cumplimiento genera incentivos perversos para que los nuevos negocios operen en la informalidad y practiquen la evasión, México no contará con mecanismos impositivos que den certidumbre y mejoren el ambiente de negocios.

 

Freno a la inversión

Los impuestos afectan el nivel de inversión de las empresas al reducir los incentivos de éstas para adquirir nuevas tecnologías, desarrollar estrategias productivas, capacitar al personal o ampliar sus instalaciones.

A nivel macro, la tasa impositiva aplicada a los negocios se relaciona con la capacidad del país para atraer inversión externa. Según un estudio de la OCDE que incluyó a 85 economías, un aumento en la tasa impositiva de 10% ocasiona una reducción como porcentaje del PIB, de 2.2 puntos en la formación bruta de capital y una reducción de 2.3 puntos porcentuales en la inversión extranjera directa.

Adicionalmente, los impuestos afectan la operación de empresas y su capacidad para atraer inversión de manera distinta, según el sector económico al que pertenezcan. Mientras que para el sector servicios los impuestos asociados a la mano de obra son los más importantes, para la industria manufacturera los impuestos a la propiedad y al capital son más relevantes.

Según kpmg, México tiene ventaja frente a Estados Unidos y Canadá en impuestos asociados a la propiedad. Sin embargo, Canadá nos supera en los impuestos aplicados al sector servicios, los incentivos para actividades de Investigación y Desarrollo e incluso, en los impuestos aplicados a la industria manufacturera.

 

Evaluar el sistema fiscal

El Gobernador del Banco de México, Agustin Carstens, expuso recientemente que el principal factor que explica el desempeño de la economía mexicana, es el bajo crecimiento de la productividad. Por ello, el Banco Central considera que se requiere de un nuevo diseño institucional que induzca la creación de valor y permita a la economía crecer y ser competitiva.

El contexto institucional es de suma relevancia, ya que determina la estructura de incentivos que permite que una economía sea o no productiva. En este sentido, México requiere evaluar su sistema fiscal a la luz de la dinámica de la economía global y considerar las condiciones de competitividad que son necesarias para mantener el atractivo como destino de inversión.

Los datos del Índice Global de Competitividad 2014 corroboran el efecto del sistema impositivo sobre la competitividad de la economía mexicana. Entre 144 naciones, México ocupó el lugar 61, registrando una caída de seis lugares con respecto a la posición competitiva que logró en 2013 (lugar 55).

En cuanto a los efectos de los impuestos sobre los incentivos para invertir, la posición de México es la 110 entre 144 países, muy alejado de sus principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá ubicados en las posiciones 34 y 24 respectivamente.

Según la ocde, en un periodo de diez años, una reducción en la tasa de impuestos a negocios de 35% a 30% provocaría un incremento en la productividad de 0.4% anual. Como se observa, el efecto de los impuestos sobre la productividad empresarial vía los niveles de inversión (acumulación de capital), erosiona los potenciales beneficios que las empresas podrían obtener mediante inversiones en tecnología o la capacitación de sus trabajadores.

En cuanto a los incentivos para trabajar y el uso eficiente del talento humano disponible, los impuestos también ejercen un efecto pernicioso. Según el Índice de Competitividad Global, México ocupa la posición 116 en estos ámbitos y el lugar 89 en materia de pago y productividad.

Los incentivos fiscales tienen un efecto positivo sobre las actividades de investigación y desarrollo y por ende, en la competitividad de los países. En México, los incentivos aplicados actualmente parecen no tener resultados positivos. Según el Índice Global de Competitividad 2014, nuestro país ocupa el lugar 61 en nivel de innovación y el 71 de acuerdo al nivel de inversión en actividades de Investigación y Desarrollo realizado por empresas.

México requiere mejorar la efectividad de su sistema impositivo, ya que actualmente restringe la capacidad de las empresas para innovar, ser más productivas y competir globalmente. ¿Cuál es el sistema impositivo que se requiere para que los negocios mexicanos florezcan? Uno que brinde certeza, sea predecible en el tiempo y sea sencillo de cumplir. Una política en materia de impuestos competitiva, debe orientarse a mejorar los incentivos de las empresas para elevar la inversión y la productividad.

No debe olvidarse que los beneficios de un sistema impositivo derivan de la calidad de los bienes públicos que el gobierno financia a través de los impuestos. Para favorecer la productividad de las empresas en toda la economía, se debe garantizar el acceso a servicios de calidad y a precios competitivos en telecomunicaciones, electricidad, infraestructura básica y transporte, educación, etc., propiciando la creación de valor en las empresas. Sin ello, los impuestos que todos pagamos, poco o nada pueden hacer para favorecer el crecimiento y competitividad de nuestra economía.

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