La Canacintra pidió a la Cámara de Diputados que no apruebe el impuesto al carbón propuesto en la Reforma Hacendaria, afirma, pone en riesgo 600,000 empleos directos en las industrias siderúrgica y minera.     Las industrias minera y siderúrgica elaboraron un documento que hicieron llegar a la Cámara de Diputados, en el que señalan que el impuesto a los combustibles fósiles tendrá un efecto negativo en el sector, el crecimiento económico nacional y regional y  eliminará fuentes de empleo. La propuesta fue presentada por Abel Ayala Flores, vicepresidente de la Región Norte de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja y en ella se destaca que el impuesto a la producción de carbón no es congruente con el proyecto de Reforma Energética, pues pretende fijar una tasa elevada de 19.5%, mientras que se plantean impuestos bajos a combustibles más contaminantes como la gasolina (1.3%), combustóleo (1.6%), gas natural (6.1%) y coque (9.5%). “Por seguridad nacional no se debe desalentar el uso del carbón como energético, pues México es uno de los países que menos utilizan este producto en su mezcla energética, apenas con 8%, mientras que el promedio mundial es de 42%”, afirma el documento. Según explica Canacintra, en la propuesta entregada a los diputados se señala que México es un país en vías de desarrollo que no está obligado en el corto plazo a hacer reducciones en el índice de CO2, cuyas emisiones per cápita en el país están por debajo de la meta a la que muchas naciones aspiran al año 2050. Países industrializados generan hasta 450% de CO2 más que México. La propuesta indica que ningún país en desarrollo ha implementado exitosamente impuestos a las emisiones de carbono y no hay razón para que México deba adelantarse a adoptar un gravamen de esa naturaleza pues resta competitividad y grava en exceso la producción. Enfatiza que en caso de aplicarse cualquier impuesto a las emisiones de carbono, éste deberá implementarse gradualmente iniciando en 2017, dadas las limitaciones en la producción y distribución de gas natural, ya que se estima que PEMEX cuente con la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda nacional de gas a partir de 2016. La propuesta menciona que, en todo caso, si se aprueba dicho gravamen las empresas deben tener la opción de acreditarlo contra las inversiones realizadas en materia ambiental en las comunidades en donde operan las industrias, los procesos de modernización para la eficiencia energética y las acciones de mitigación, protección ambiental, remediación, captura de carbón y reforestación. A manera de contrapropuesta, la industria sugiere a los legisladores establecer un impuesto compensatorio ambiental de 13% a las importaciones de acero de países que no tienen los estándares ambientales similares a los de México, lo que generaría ingresos por 19,000 millones de pesos para el erario federal.

 

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