Si se recurre a la memoria comunicativa, que en México parece tener síntomas graves de Alzheimer, se tiene un fundamento para creer que, en los actuales casos de corrupción, no pasará nada.

 

La “casa blanca”, la “casa de Ixtapan”, la “casa de las Lomas”, el “departamento en Nueva York”, las “casas en Utah”, la Ley Anticorrupción, la Función Pública y los conflictos de interés, “prevención de la corrupción”, ética… ¿Habrá algún mexicano que crea que las cosas van a cambiar en la administración pública? Si nos atenemos a la historia del último cuarto del siglo pasado, todo lo anterior, tarde que temprano, quedará en el olvido, y la vida en México seguirá como si nada.

Se dice que la memoria colectiva de una nación está representada, en parte, por los monumentos, y que todo lo que un país elige para honrar una memoria –o para no recordar– se convierte en un indicador de la memoria colectiva.

El reconocido egiptólogo alemán Jan Assmann, al distinguir entre la memoria cultural y la memoria comunicativa expresa que mientras la primera cumple una función de almacenamiento, la segunda realiza la función de una memoria de todos los días, que se sitúa en la actualidad. Por ejemplo, cuando surgió el tema de la “casa blanca” de Angélica Rivera de Peña, a muchos nos vino a la memoria la Colina del Perro del entonces presidente López Portillo, en Bosques de las Lomas.

Si se recurre a la memoria comunicativa, que en México parece tener síntomas graves de Alzheimer, se tiene un fundamento para creer que, en los casos actuales, no pasará nada.

Aun cuando los sexenios presidenciales de principios de la segunda mitad del siglo pasado tuvieron sus excesos (la famosa colección de autos de lujo de López Mateos, los costosos regalos de Díaz Ordaz a su amante, o los dispendiosos y continuos viajes de Luis Echeverría), la corrupción y el dispendio se acentuaron a partir del sexenio de López Portillo.

La memoria comunicativa nos lleva a la edición 306 de la revista Proceso, que reveló el uso de miles de millones de pesos para la edificación de las mansiones del entonces presidente y su familia, utilizando recursos del gobierno federal. Ya para terminar su sexenio, López Portillo precisó: “Nunca sacrifiqué la sustancia a la forma. Salgo y saldré con las manos limpias de sangre y de recursos mal habidos.” Por supuesto, la Unión de Colonos de Cuajimalpa protestó: “la compra barata de la tierra se aprovecha no para los habitantes de las diferentes colonias, integradas por campesinos y trabajadores, sino para influyentes, funcionarios y parientes de éstos, que desplazan cada vez más a las clases populares hacia la marginación…”, narra la publicación. López Portillo jamás enfrentó un juicio por ello.

La misma memoria comunicativa nos lleva al 10 de octubre de 2005, cuando el conductor de televisión Víctor Trujillo exhibió documentos sobre diversas operaciones financieras realizadas por la familia del ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, investigadas por el gobierno federal. Los papeles mostraron depósitos por más de 35 millones de pesos realizados entre 2000 y 2001 a distintas cuentas a nombre de su hijo Juan Pablo, y el contrato de compraventa de un terreno en Metepec, por 21 millones de pesos, efectuado por su hijo Arturo. Ello lo llevó a desistir de su aspiración a la candidatura de su partido a la Presidencia de la República. Luego de ello, distintos medios de comunicación reportaron casas de su propiedad en Careyes, Acapulco, Valle de Bravo y en Ixtapan Country Club, independientemente de un lujoso departamento en el Bosque de Boulogne, de la capital francesa. Al final fue exonerado de enriquecimiento ilícito por las autoridades judiciales del Estado de México.

 

En otros estados

Humberto Moreira estuvo al frente del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila entre 2005 y 2011, y era calificado como un “buen gobernador” y hábil dirigente de su partido, hasta que los medios de comunicación dieron a conocer, primero, el enriquecimiento de Vicente Chaires Yáñez, quien ocupaba la coordinación administrativa de la presidencia del PRI, y luego el crecimiento de la deuda pública de Coahuila, de 323 millones de pesos a más de 34,000 millones, gracias a la falsificación de documentos.

Moreira dejó la presidencia de su partido y en su defensa argumentó, en entrevista para un noticiario de Radio Fórmula: “A mí me engañaron; no tuve nada que ver con el endeudamiento realizado con documentos falsos”, lo que para muchos medios resultó inverosímil, dado que, para concretarse las operaciones, requerían la firma del entonces gobernador.

A pesar de que un diario de circulación nacional informó en diciembre de 2011 que “el subsecretario de Egresos y Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas, Armando Rubio, reveló que detectaron la desaparición de documentos en el inicio del actual sexenio, que encabeza el gobernador Rubén Moreira desde el 1 de diciembre de 2011” (no sólo sobre temas de la deuda, sino expedientes relacionados con gastos), en noviembre de 2012, la PGR lo absolvió del endeudamiento al “no contar con las evidencias suficientes para acusarlo formalmente”. Hoy vive en Barcelona, aunque hay quien afirma que radica en Cuernavaca.

Narciso Agúndez Montaño, gobernador de Baja California Sur del 2005 al 2011, fue detenido en Monterrey en mayo de 2012 por el delito de peculado en agravio de la administración pública de su entidad. En diciembre del 2011 había sido inhabilitado por la Contraloría del Estado por seis años, por irregularidades en la venta de predios del gobierno en un exclusivo fraccionamiento en Los Cabos. Gracias a un amparo contra el auto de formal prisión por el delito de peculado, Agúndez salió libre en diciembre de 2012, después de casi siete meses en prisión.

Tomás Yarrington estuvo al frente del estado de Tamaulipas de 1999 a 2004, y hoy es considerado prófugo de la justicia mexicana y estadounidense por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Yarrington es buscado por la Interpol desde el 29 de agosto de 2012, y en México es investigado por presuntos nexos con el Cártel del Golfo y Los Zetas. Además habría permitido el tránsito de drogas a Estados Unidos a través de Tamaulipas, según la FBI. Al momento sigue prófugo.

Son sólo una muestra que nos trae la memoria comunicativa pero que habla de corrupción en distintos niveles y de sus resultados.

 

Cárcel efímera

Cierto que en algunos casos ha habido detenciones, como sucedió con el “general” Arturo Durazo por su Partenón de Zihuatanejo y su chalet suizo en el Ajusco; con Jorge Díaz Serrano, acusado de fraude por 35 millones de dólares durante su gestión al frente de Pemex al haber comprado dos buques tanque con un sobreprecio, quien permaneció cinco años en prisión pero fue liberado sin que se le hubieran comprobado oficialmente los delitos de los que se le acusaba. Igualmente, Pablo Salazar Mendiguchía, ex gobernador chiapaneco acusado de delitos que van desde homicidio hasta defraudación y operaciones con recursos de procedencia ilícita, preso sólo de junio de 2011 a noviembre de 2012, o Elba Esther Gordillo, detenida en febrero de 2013 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que está próxima a abandonar el penal argumentando motivos de salud y edad. No obstante, en la gran mayoría de los casos, a la luz de la percepción pública, hubo impunidad. ¿Pasará igual con José Murat, quien al estilo López Portillo declaró: “Me voy como llegué: con los mismos pantalones y los mismos zapatos, con la misma camisa y con el mismo auto.”

El presidente Peña Nieto, al recién presentar “un conjunto de acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés”, expresó: “Tengo la convicción de fortalecer la legalidad y cerrar espacios a la corrupción. Siempre he estado comprometido a trabajar en favor de la transparencia y la rendición de cuentas…” Ello me recordó al presidente Miguel de la Madrid y su “Renovación moral de la sociedad”, sobre la que el New York Times escribió el 31 de enero de 1984:

“Un oficial de gobierno dijo que López Portillo no podría ser demandado por miedo a dañar la autoridad de la Presidencia y la del PRI… Los mexicanos quieren creer en resultados, no en palabras, y ven el tema de la anticorrupción con escepticismo. El nuevo sexenio será como los anteriores, dijo un trabajador: los primeros dos años hablan sobre corrupción, los siguientes dos pasan de largo y los últimos dos se llevan lo que pueden. Mientras el procurador se prepara para anunciar cargos en contra de Durazo, dos Marías platicaban sentadas en la escalera: ‘¿Oíste que se van a atornillar a Durazo y le van a quitar sus casas?’ La otra respondió: ‘Y a él, ¿qué le harán?’ A lo cual la respuesta fue: ‘Se lo llevan a Estados Unidos.’ Finalmente, la segunda respondió: ‘¿Y luego qué..?’”

En 30 años parece que las cosas siguen igual (o peor, si es posible).

 

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