Incertidumbre y nerviosismo marcan a la IP de cara al 1 de julio

Por Eduardo García Casi ninguno de los hombres y mujeres de negocios más acaudalados de México puede quejarse de lo que vivió, al lado de sus empresas, el año pasado. Los temores con los que comenzó 2017, tras el triunfo electoral del empresario Donald J. Trump en la contienda por la presidencia de Estados Unidos, no sólo no se materializaron, sino que, incluso, se revirtieron. La retórica anti México y anti libre comercio que utilizó Trump a lo largo de su campaña no se tradujo, como muchos temían, en políticas concretas contra el país. El peso incluso recuperó 5% de su valor frente al dólar en 2017. Una prueba del año favorable que tuvieron las empresas mexicanas fue que, de las 36 familias más acaudaladas del país, 32 registraron avances en sus fortunas, mientras que una no tuvo cambio y sólo tres vieron decrecer el valor de sus activos. Nadie, a comienzos de 2017, se hubiera atrevido a vaticinar desempeños así, y menos cuando, un año atrás, donde no se vislumbraban los nubarrones que generó la llegada de Trump a la Casa Blanca, la riqueza de las familias más acaudaladas registró un comportamiento mucho menos homogéneo, con 19 fortunas descendiendo, 13 aumentando y tres permaneciendo sin cambio. Estos resultados mixtos se debieron, en parte, a la depreciación de casi 16% que registró el peso contra el dólar en 2016, al desplome del precio del crudo a inicios de año y a los recortes al gasto que tuvo que decretar el gobierno mexicano en consecuencia. Claro que ahora, tras el susto inicial de hace 12 meses, las miradas y las estrategias empresariales, si bien seguirán concentradas en las decisiones de política económica que tomará Trump (principalmente con relación a los esfuerzos que su país, Canadá y México están llevando a cabo para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN), estarán también enfocadas en la elección que harán los mexicanos de un nuevo presidente el 1 de julio. Los tres políticos que, hoy, podrían encabezar el poder ejecutivo en el periodo 2018-2024 son, en orden alfabético: Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. De esos tres, quien tiene hoy las mayores probabilidades de ganar la elección es López Obrador. El representante de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) encabeza las encuestas electorales con una ventaja de nueve puntos, en promedio, sobre Anaya, y de más de 11 puntos sobre Meade. Anaya, de 39 años, compite por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC); mientras que Meade es el candidato de la coalición formada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal). Te puede interesar: AMLO insiste en una minoría empresarial con el privilegio de mandar Por lo general, a los empresarios los eventos políticos, como la elección presidencial que vivirá México este año (que irá, además, acompañada de nueve contiendas para elegir al mismo número de gobernadores y de una votación para renovar el Congreso de la Unión), no les gustan, por la inestabilidad e incertidumbre que generan. Ante la responsabilidad que tienen los directores generales y los presidentes de los consejos de administración de las empresas de asegurar el crecimiento y el empleo de sus negocios en el largo plazo, ellos son, por lo general, adversos a los cambios políticos. “A los empresarios y a los accionistas, cualquier escenario electoral les genera gran inquietud”, dice Antonio Ocaranza, socio fundador de la firma consultora OCA Reputación. Las dudas o inquietudes son menores o mayores según el tipo de actividad en la que se desenvuelven los empresarios y sus firmas. Si bien toda empresa debe cumplir con ciertos requisitos y permisos gubernamentales, hay algunas que, por la naturaleza de sus actividades, están mucho más ligadas o dependen mucho más que otras del gobierno y sus políticas. En estas empresas las transiciones políticas generan mayor inquietud, por la posibilidad de que un cambio gubernamental modifique, termine, cancele, expropie o revoque un permiso, una concesión o una licencia para operar. Industrias como la de la construcción, telecomunicaciones, farmacéutica, minería, energética, aeroportuaria y bancaria pueden sufrir fuertes cambios ante variaciones en las políticas públicas. Un ejemplo ocurrió con la industria de la vivienda, en 2013, a la llegada del presidente Peña Nieto. Con él al frente del gobierno, las prioridades sobre los apoyos que brinda el gobierno para la edificación de casas de interés social cambiaron: si eran proyectos residenciales horizontales lejanos a las zonas urbanas, se volvieron proyectos residenciales verticales y cercanos a las urbes. Como resultado, muchas empresas desarrolladoras que estaban altamente endeudadas entraron en serios problemas financieros por este cambio, que las forzó a cortar de tajo las estrategias que venían desarrollando y con base en las cuales se habían sobre-apalancado. Así, algunos de los hombres y mujeres de negocios más acaudalados podrían enfrentar grandes riesgos, junto con sus trabajadores, por el cambio gubernamental. Es el caso de David Peñaloza, dueño de Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), empresa que administra proyectos de infraestructura; de Carlos Slim, quien participa en compañías de telecomunicaciones como América Móvil, de construcción como Grupo Carso, minera como Frisco, o bancaria como Grupo Financiero Inbursa; de Fernando Chico Pardo, propietario de la compañía que posee terminales aéreas, Grupo Aeroportuario del Sureste; o de Emilio Azcárraga Jean, quien controla la empresa televisiva Grupo Televisa; entre otros. El hecho de que, además, en México no existan aún instituciones democráticas fuertes que puedan servir de contrapeso a cambios excesivos o fuera de ley por parte de los gobernantes, incrementa los riegos políticos para los empresarios. Te puede interesar: Anaya niega pacto con el PRI para luchar contra AMLO “Hay gran cantidad de industrias que tienen tantos vínculos con el gobierno que las hacen vulnerables a ataques políticos”, agrega Ocaranza, quien sugirió a los dueños de esas compañías elaborar, desde ahora, estrategias de defensa, pero no de forma individual, sino como miembros de un gremio (a través de asociaciones o cámaras), a fin de estar preparados para superar políticas adversas que puedan afectar el desempeño de sus negocios. Ocaranza también recomienda elaborar un inventario de riesgos para poder reaccionar ante esos posibles cambios de políticas o, incluso, ante potenciales ataques de los nuevos encargados del poder. De ahí que la incertidumbre que comienzan a experimentar los hombres y mujeres más acaudalados de México sea de una naturaleza totalmente distinta a las de inicios del año pasado, cuando Trump llegó a la presidencia estadounidense. El nerviosismo que comienza a generar la elección presidencial resulta, esta vez, mayor que el de otras contiendas electorales, debido a que el candidato que ofrece la mayor continuidad en cuanto al manejo de la economía mexicana, Meade, es el que menos posibilidades tiene hoy de ganar. La mala reputación que tiene el presidente Peña Nieto entre la población (sólo 26% ve su gobierno de forma favorable), combinada con el desprecio que genera en muchos mexicanos su partido, el PRI, debido a los múltiples casos de corrupción destapados en los últimos años, principalmente entre personas afiliadas a ese instituto político, hacen prácticamente imposible que el candidato de la coalición Todos por México pueda remontar esas adversidades para alcanzar una victoria electoral. “Actualmente, la valoración del presidente Enrique Peña Nieto está en más o menos 26 puntos; esto supone la aprobación más baja de todos los presidentes en la historia de México, desde que se dan estas mediciones”, escribió Ronald Anton, consultor político electoral de CPI Latinoamérica, en el reporte “Crónica de una alternancia anunciada”. Agregó: “El fuerte rechazo con el que cuenta tanto el partido como la figura del presidente dificulta la revalidación del mandato del PRI”. La predicción de CPI se da aun cuando Meade goza, en general, de una buena imagen y es, sin duda, el candidato con mayor experiencia de gobierno de los tres que encabezan las encuestas. Esto, porque ha ocupado en cinco ocasiones el cargo de secretario de Estado, en cuatro dependencias diferentes: Hacienda, Energía, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social. Meade, de 49 años, ha tenido estos logros en los últimos nueve años y las últimas dos administraciones. Pero, a pesar de sus buenas credenciales, muchos creen que la elección, al final, se definirá (aunque aún faltan tres meses para ello) entre Anaya, de 39 años, y López Obrador, este último, con las mayores probabilidades de ganar, por ahora, al contar con una ventaja de varios puntos porcentuales en las encuestas, sobre su más cercano perseguidor. De los dos candidatos que muchos esperan estén en la recta final de la elección presidencial, el que más inquietud genera es López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Esto es así por las críticas que el tres veces candidato presidencial ha lanzado contra algunas de las reformas que los distintos gobiernos han implementado a lo largo de las últimas tres décadas con el propósito de modernizar la economía y reducir la participación del gobierno en actividades que, algunos creen, son mejor atendidas por los capitales privados. Te puede interesar: Meade ganará la elección presidencial: Financial Times Las críticas que López Obrador, de 64 años, ha manifestado contra la apertura del sector energético a los capitales privados, o su animadversión a los cambios a las leyes educativas, cuando éstas (para algunos) están siendo fundamentales para mejorar la calidad docente y educativa en el país, hacen que una posible victoria electoral del candidato de Morena, PT y PES no sea vista con buenos ojos en algunos sectores. Claro que esos temores se han atemperado, en semanas recientes, con las declaraciones que han hecho algunos de los asesores de temas económicos más cercanos a López Obrador, y que han sido mucho menos antagónicas a los cambios legales y económicos de las últimas décadas. Muchos de esos asesores han señalado incluso que, si bien el candidato ha planteado revisar todos los contratos para explorar y explotar los yacimientos petroleros que la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha asignado a compañías petroleras nacionales y extranjeras, las revisiones realizadas hasta ahora en ese sentido arrojan resultados favorables que podrían llevar a López Obrador, de ganar la elección, a mantener esa reforma estructural en particular. Claro que, por otra parte, el respaldo que ha recibido y aceptado el candidato de los partidos Morena, PT y PES, del sindicato de maestros disidentes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se ha opuesto a la reforma educativa porque, con ella, se eliminó el control que ésta tenía de los recursos públicos destinados a la educación y se puso fin a la venta de plazas por parte de esa organización, hace pensar a muchos que López Obrador no continuará con ese cambio. Por su parte, Anaya, el candidato del PAN, PRD y MC, genera menos nerviosismo por provenir de un partido (Acción Nacional) que ha apoyado muchas de las reformas a favor del libre comercio y el libre mercado que han implementado diversas administraciones (priistas y panistas) desde mediados de los 80. No es tampoco muy claro cómo gobernaría Anaya, de llegar a la presidencia. Pero, aun cuando algunos de sus críticos han visto una veta autoritaria en el actuar de Anaya cuando fue presidente del PAN, la que incluso comparan con la de López Obrador, por la forma como éste maneja Morena (con mano firma y exclusiva), es menos probable que el candidato de la coalición Por México al Frente dé un golpe de timón en materia económica que pueda generar estragos sobre las operaciones de las empresas que están controladas por los hombres y mujeres de negocios más acaudalados de México. Ricardo Anaya, para algunos empresarios, no sería una mala opción, como tampoco lo sería López Obrador si se mostrara mucho más comprometido con los esfuerzos por modernizar a México, incluso si en ellos vislumbra adecuaciones a las reformas hasta ahora propuestas, pero no su reversión. Pero, mientras se define la elección, es claro que los empresarios y los inversionistas en activos mexicanos estarán tratando de visualizar la forma como podrá gobernar cada uno de los candidatos que todavía pueden ganar la próxima elección presidencial, para así determinar o prever el impacto que esa nueva administración podrá tener en sus diversas actividades empresariales y de negocios. Será mucho lo que estará en juego el próximo 1 de julio, cuando los mexicanos voten para renovar el Poder Ejecutivo y Legislativo del país, y decidan, de cierta manera, el rumbo que seguirá la economía mexicana y sus empresas en los próximos seis años.