La discriminación contra las niñas y las mujeres ha encontrado su máxima expresión en actos sistemáticos de violencia, de esa violencia que se ejerce todos los días, en todos los ámbitos y que es objeto de indiferencia y polarización.

La violencia de género y la desigualdad, constituyen la violación a los derechos humanos más arraigada e institucionalizada en la historia de la humanidad; y, una importante expresión de la crisis de las instituciones y de un inexistente estado de derecho de la actualidad.

La falta de políticas públicas claras y contundentes para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra niñas y mujeres impacta negativamente en su libertad, salud,  seguridad y vida. Además de mermar el desarrollo de los países y propiciar la destrucción el tejido social.

Actualmente, los feminicidios son la expresión de la violencia extrema y de la indiferencia social ante un problema grave de seguridad y salud pública. Bajo una perspectiva antropológica social, el feminicidio es posible dentro de un marco de desigualdad estructural y un ambiente de violencia principalmente en sociedades que reproducen mecanismos de opresión y con prácticas de violencia simbólica como parte de estrategias construidas socialmente en contextos de amplia disparidad en el ejercicio del poder.

Bajo esta visión, es el Estado parte estructural del problema por su incapacidad para cambiar el orden en patrones y roles sociales así como por favorecer la normalización de la violencia, la desigualdad y la discriminación.

La indiferencia que tiene el Estado ante un fenómeno creciente como el feminicidio constituye una falta importante a la Convención de Belén do Para, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Niñas y las Mujeres, que enmarca el derecho de toda mujer a vivir una vida pública y privada libre de violencia.

En este sentido, la violencia contra las mujeres se vive en un espectro que incluye la violencia doméstica, la trata de personas, el hostigamiento, la falta de acceso a oportunidades de desarrollo, entre otros.

En un país con cifras preocupantes de violencia extrema en contra de sus niñas y mujeres urge el diseño de políticas públicas de prevención y atención a conductas de riesgo. Se requiere además, de mecanismos de regeneración del tejido social y de desarrollo de una ciudadanía solidaria, empatica y que no mire hacia otro lado al presenciar un acto de violencia.

Los nombres son muchos y la única forma de evitar que la lista de mujeres asesinadas por cuestión de género deje de crecer es eliminando la indiferencia, la normalización y la sistematización de cualquier tipo de violencia.

 

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