En los últimos años la industria de los refrescos ha invertido 600 mdd anuales tan sólo en inversiones en activos fijos y otras inversiones que pueden llegar hasta los 1,000 mdd anuales.

 

Crear un impuesto a las bebidas azucaradas y refrescos es una de las formas como el gobierno quiere enfrentar el problema de la obesidad en México, así como hacerse de recursos. Sin embargo, corre el peligro de encontrarse lejos de su objetivo y ocasionar la desinversión de la industria refresquera.

En los últimos años la industria de los refrescos ha invertido 600 millones de dólares (mdd) anuales tan sólo  en activos fijos, y suma otras inversiones que llegan hasta los 1,000 mdd anuales.

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“Todas estas inversiones pueden detenerse en caso de que existan las afectaciones que se plantean”, asegura Daniel Arenas, gerente general de operaciones de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac).

La iniciativa de Reforma Hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto plantea el gravamen de un peso por litro en el caso de refrescos y otras bebidas azucaradas como jugos o tés, lo que traería una recaudación de 12,455 millones de pesos, de acuerdo con el monto planteado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

“Un impuesto no es la única salida, y me parece que el esfuerzo es incompleto, hay que hacer otras cosas y plantear una política más general contra la obesidad”, dice Enrique Cárdenas Sánchez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Anualmente cada mexicano consume 163 litros de refresco, mientras que los estadounidenses consumen 118 litros de esta bebida en el mismo lapso, lo que convierte a México en el primer consumidor de refrescos a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Si fueran los refrescos lo único que contribuye a la obesidad de los mexicanos, estaría de acuerdo, pero hay muchos factores que contribuyen a ello”, dice Víctor Manuel González Olivares, presidente del Instituto Mexicano de Finanzas (IMEF).

En julio de este año, México se convirtió en el país más obeso del mundo, con una tasa de obesidad en adultos de 32.8%, superando la tasa de la Unión Americana de 31.8%, de acuerdo con un reporte de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés).

“La naturaleza del impuesto está diseñado justamente para quitarle incentivos al consumo de refrescos y poder inducir consumos más nutricionales en el país, ese es el propósito fundamental”, asegura Ildefonso Guajardo Villareal, titular de la Secretaría de Economía.

Sin embargo, González Olivares refiere que si el argumento del gobierno es desincentivar el consumo de productos que contribuyen a causar problemas de sobrepeso, habría que hacerlo con todos y no sólo con las gaseosas.

Pero el impacto económico podría ser mayor, según lo planteado por el representante del IMEF: “Estas bebidas son una alternativa para las áreas que no tienen la calidad de agua que no tenemos en muchas regiones de México, entonces creo se van afectar las economías de las personas que viven en áreas rurales en donde la calidad del agua no es tan buena y la alternativa era tomar un refresco”.

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope Servytur) prevé que la iniciativa presidencial afectará la venta diaria de más de un millón de tiendas de abarrotes y misceláneas tradicionales del país.

De acuerdo con el organismo de comercio, en el caso de las tiendas de abarrotes y misceláneas, así como dulcerías o depósitos, la venta de refrescos representa el 28% de sus ventas diarias.

“Nosotros creemos que esta es una medida ineficiente para poder resolver el problema de la obesidad”, dice Daniel Arenas.

El representante de la Anprac considera que en el mejor de los escenarios este impuesto impactaría tan sólo en 1% la ingesta de calorías entre la población promedio, mientras que la cadena de producción se vería mayormente afectada.

La Anprac se encuentra constituida por socios como Coca-Cola, Pepsicola, Grupo Peñafiel y marcas independientes.

Por lo pronto, la industria refresquera está en un proceso de análisis sobre los impactos  de la reforma fiscal en la inversión, pero aún guarda la esperanza de desaparecer este impuesto: “Nuestra intención es convencer a los tomadores de decisiones de que esta no es una medida eficiente y, por el contrario, que es una medida que hace demasiado daño a toda la cadena para el escaso o nulo efecto en el caso de la obesidad”, comenta Daniel Arenas.

 

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