El Instituto Nacional Electoral (INE) pidió a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y a Morena, retirar en no más de 3 horas las publicaciones en las que aseguran tener las fotografías que presuntamente legisladores priistas mandaron al líder del PRI, Alejandro Moreno.
La cuenta de Twitter del INE publicó la exigencia alrededor de las 19 horas de este viernes.
Esto se dio después de que 20 diputadas federales denunciaron a Layda Sansores; a Erick Reyes León, delegado presidente de Morena en Campeche; a Morena; a diversos influencers, y a quien resulte responsable por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por la publicación y difusión de las expresiones que realizó la gobernadora de Campeche en donde aseguró tener fotografías que legisladoras priistas enviaron a Moreno.
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Por esta razón solicitaron medidas cautelares en la modalidad de tutela preventiva, con el objetivo de que se solicite a las personas denunciadas que no continúen difundiendo propaganda que nutra actos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Ante ello, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE concluyó que hay 61 publicaciones (9 en Facebook, 10 de YouTube, 39 de Twitter, 1 de Telegram y 2 de Zylike) que tienen como objeto ofender, denostar, descalificar y cosificar a las legisladoras.
“En apariencia del buen derecho, las expresiones analizadas contienen elementos misóginos y discriminatorios por razón de género en perjuicio de las diputadas denunciantes, en tanto que tienen como objeto ofender, denostar, descalificar y cosificar a las denunciantes”, concluyeron los consejeros de la Comisión.
Asimismo, determinó procedente la tutela preventiva, pues existe un indicio de que probablemente dichas manifestaciones se sigan emitiendo, por lo que consideraron que existe un riesgo actual y real de que las personas denunciadas (con excepción de la Gobernadora de Campeche, en atención a que la Sala Superior en el Acuerdo SUP-JDC-613/2022 ya ordenó similares medidas a la denunciada) incurran nuevamente en posibles vulneraciones a los principios constitucionales y legales en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
