El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseguró que la inflación cederá y bajará combatiendo el crimen, los robos al transporte, los cobros de derecho de piso, la especulación, el acaparamiento y la fijación de precio, y no con más medidas para el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC) impulsado por el gobierno federal ni con una nueva política industrial. 

“El PACIC II y la propuesta de política industrial, si se interpretan como una herramienta de reactivación económica, son insuficientes para abatir la inflación y generar crecimiento con la celeridad que requiere la economía”, declaró el órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Para frenar la inflación se requieren acciones más inmediatas, asequibles y urgentes como mejorar el funcionamiento de la economía y el combate a la inseguridad, afirmó el organismo dirigido por Carlos Hurtado López.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe establecer una estrategia para frenar la inflación con regulaciones eficientes y transparentes para que los beneficios para la sociedad sean mayores que sus costos de cumplimiento, expuso la institución que elabora análisis e investigación de la coyuntura económica. 

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Se requiere, indicó, abatir costos injustificados que entorpecen y encarecen las diversas fases de la producción, distribución y comercialización de mercancías, así como acciones interinstitucionales para mejorar la infraestructura del país y su funcionamiento a fin de aligerar costos de distribución.

Desde la administración federal, agregó, se deben lanzar operativos reforzados para combatir los robos en el transporte, así como combatir decididamente los cobros de derecho de piso, esquemas de especulación con prácticas ilegales de acaparamiento y fijación de precios.

El CEESP propuso que en el combate al robo de transporte y a la especulación haya cooperación de instancias federales como la Guardia Nacional, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), así como de los gobiernos locales.

La semana pasada, Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), aseguró que el crimen  organizado, el cambio climático, las nuevas normas y las crisis de fertilizantes y contenedores han metido presión a los precios de los productos agrícolas en México.

“Si nos ponemos a revisar todos los temas, pues los cambios de normas están incrementando los costos de permisos, el crimen organizado y todo afecta. En ese sentido, tenemos qué entender esa parte”, declaró en en el marco de la la inauguración de la Casa del Trabajador Azucarero.

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Plan de AMLO contra inflación, sin resultados

Hasta momento, el Paquete contra la Inflación y la Carestía no ha tenido resultados importantes a nivel de la inflación general, aun cuando los participantes privados han mantenido sus compromisos, aseveró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

Actualmente, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que mide la inflación, incluye muchos otros bienes, marcas, presentaciones y puntos de venta que los contemplados en el PACIC, así como muchos otros rubros genéricos, y la mayoría continúan subiendo de precio.

El presidente López Obrador convocó hace unos días a un grupo de empresarios del sector comercio y productores de alimentos, a fin de persuadirlos de la necesidad de reforzar el control de sus precios. Es decir, un PACIC II para frenar la inflación.

“Quizá con ello se pueda contener el alza de un grupo de bienes de la canasta básica, pero que es reducido, por lo que será difícil que tenga efectos significativos sobre la inflación general”, apuntó el CEESP.

A la par, la Secretaría de Economía (SE) presentó un esbozo de política industrial a través del documento “Rumbo a una Política Industrial”; al respecto, el CEESP consideró que es “un conjunto de aspiraciones cuya concreción o procesos se observan en economías avanzadas y modernas de vanguardia”.

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El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado pidió al gobierno federal facilitar, mediante información, vínculos entre oferentes y demandantes de insumos sobre todo dentro del sector agroalimentario, así como redirigir la banca de desarrollo a su vocación de apoyar la actividad económica facilitando el acceso a servicios financieros a quienes no lo tienen.

“Actualmente, el crédito de esta banca al sector privado es ligeramente menor a la tercera parte de su cartera. Y el crédito para el sector público federal y estados y municipios es más de la mitad. El financiamiento podría canalizarse más a adquisición de insumos, aseguramiento y otras necesidades de mipymes”, planteó el organismo fundado en 1963.

También sugirió las siguientes medidas:

  • Eliminar la incertidumbre respecto al uso de sustancias como el glifosato y a la importación de productos genéticamente modificados a fin de acelerar la oferta nacional agroalimentaria.
  • Aumentar la inversión en irrigación. No sólo presas y canales sino en riego por goteo y métodos modernos de manejo de agua.
  • Fortalecer la actividad de Agroasemex y los programas de Apoyos a la Comercialización mediante la adquisición de coberturas. 
  • Utilizar al 100% nuestros acuerdos comerciales y acelerar las negociaciones pendientes que convienen al país en su conjunto.
  • Alejarse de los objetivos de autosuficiencia del país, sobre todo cuando impliquen mayores costos comparados a las importaciones.
  • Eliminar cuotas y cuotas de importación injustificadas relativos al sector agroalimentario.
  • Revisar posibilidades de eliminar aranceles a la importación de productos de diversos países.

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