El gobierno federal ha dado señales de que la inversión privada será la punta de lanza para levantar las grandes obras de infraestructura que se realizarán este sexenio. Nuevas reglas de operación y el impulso de garantías del gobierno, aguardan a los inversionistas involucrados.

 

El sexenio de Enrique Peña Nieto avanza sin que se conozca, hasta el momento, el Plan Nacional de Infraestructura. En tanto, los involucrados (sobre todo, constructores, inversionistas y financieros) que están a la espera de poder participar de este programa de construcción coinciden en algo: el Plan será un gran banquete.

¿En qué se basan? Alejandro Villarreal, socio de la práctica de Infraestructura de KPMG, espera que en los siguientes seis años se realicen más de 1,100 proyectos, que requerirán una inversión sexenal cercana a los 400,000 millones de dólares (mdd).

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De esta cifra, sólo 150,000 mdd serán recursos públicos; el resto, provendrá del financiamiento de particulares. Al menos es lo que dejan ver los compromisos oficiales, cuya meta es aumentar la inversión en este sector como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), que estima llegar a 5.5%; (en el sexenio anterior fue de 4.5%).

 

La mesa puesta

Independientemente de que la suma final sea mayor o menor, lo que hasta ahora queda claro es que la mesa está puesta para los inversionistas. “Incrementar la inversión en este sector no es sostenible sólo con el uso de recursos públicos. Lo que han dejado ver los planes de gobierno y las primeras acciones es que, en este sexenio en particular, se pedirá más la mano privada”, asegura Carlos González Tabares, director de análisis de Monex.

Existen tres elementos importantes que lo corroboran:

1) A finales del año pasado se aprobó la Ley de Asociaciones Público-Privadas. “Esta Ley da claridad respecto a las responsabilidades que tiene cada uno de los participantes en los proyectos, tanto el gobierno, como los constructores y quienes financian las obras”, explica Alejandro Villarreal, de KPMG.

2) La Reforma Financiera otorga a la banca de desarrollo el mandato de promover la inversión de la banca privada en proyectos de infraestructura, a través de generar las garantías que el sector necesita como respaldo.

3) En la Ley de Asociaciones Público-Privadas, hay algo que se llama “propuesta no solicitada”. Ello abre la oportunidad a que las propias empresas constructoras puedan proponer proyectos a las distintas secretarías y hacer todo el estudio de viabilidad para que éstas lo liciten.

En este último punto, la compañía que propone la obra no necesariamente sería la responsable de construirla. Ésta tendría que pasar por un proceso de licitación normal. En caso de no resultar ganador, la compañía o consorcio que lo realizará, deberá pagarle los gastos que le generó la evaluación del proyecto.

 

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El actor principal

Banobras es el banco de la infraestructura. Alfredo del Mazo Maza, su director general, lo sabe bien. En entrevista, así lo asume y, en consecuencia, dice que ya se prepara para agilizar el flujo del financiamiento.

Aunque este banco de desarrollo siempre ha tenido la obligación de administrar los recursos para la ejecución de algunas de las obras que requiere el país, la reforma financiera modifica su misión y le pide que busque la manera de potenciar los recursos con los que cuenta.

Para conseguirlo, instrumentará esquemas que funcionen como garantía para respaldar el financiamiento que dan los bancos comerciales. “La banca comercial maneja plazos máximos de entre 10 y 12 años para los créditos que otorga. Ello la deja fuera para participar en obras que se lleven hasta 30 años. Los esquemas que pretendemos impulsar serían para financiar los primeros años del proyecto y el resto que continúen ellos (los responsables de la obra)”, explica Alfredo del Mazo.

Banobras administra una cartera de 236,000 millones de pesos (mdp). “Somos un banco sólido pero el objetivo es poner a trabajar ese recurso”, afirma Del Mazo.

En una de sus primeras entrevistas como responsable de la institución financiera, Del Mazo platicó sobre el reto que tenía enfrente: “Hoy en día, de cada peso que da Banobras, se convierte en 1.8 pesos de inversión en el sector. Tenemos que crecer ese indicador. Hacia el final del sexenio se busca que la relación sea que por cada peso que ponga Banobras, se inviertan en total 2.5, complementándolo con recursos de la banca privada, con inversión de las Afores y de las propias empresas constructoras”.

Para impulsar la participación de los privados, Banobras tiene como instrumento el Fondo Nacional de Infraestructura. Éste cuenta con apoyos para estudios y aportaciones directas a proyectos, dice Del Mazo.

Como ejemplo, tan sólo para este año, Banobras impulsará una inversión total por 100,000 mdp. De esta cifra, 60% será del banco y de Fonadin, mientras que el porcentaje restante provendrá de la banca y de las Afores.

Por su parte, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), a través de un estudio, definió la necesidad de invertir al menos 20.8 billones de pesos entre 2013 y 2018 para que México logre colocarse entre los primeros 25 países por calidad de su infraestructura. Actualmente, según el ranking del Foro Económico Mundial, ocupa el sitio 68 entre 144 naciones evaluadas y está por debajo de Uruguay, China, Chile y Panamá.

 

Obstáculo y oportunidad

Ernesto Sarria, director de ventas del Sector Fiduciario de Banamex, encuentra un obstáculo para que la información pueda fluir desde la banca comercial hacia los proyectos de infraestructura. Se trata de las nuevas reglas de Basilea III. Éstas exigen a los bancos elevar sus provisiones, es decir, aumentar los recursos que deben reservar para enfrentar pérdidas y el tamaño de éstas depende del riesgo en el que incurra cada banco.

Mauricio Costemalle explica que antes de la más reciente crisis que inició en 2008, los bancos podían tomar más deuda de largo plazo y luego recoger dinero del mercado de valores, vía la emisión de deuda. Ahora, con la turbulencia financiera, les ha sido más complicado.

No obstante, vislumbran a un jugador con mejor potencial: las Afores. Los recursos administrados para el retiro de los trabajadores suman 1.9 billones de pesos y una de las características que tiene esta bolsa es que los recursos se usarán en un largo plazo, lo que quedaría perfecto con la necesidad financiera de los proyectos de infraestructura que también son de largo plazo.

Las Afores pueden canalizar hasta 20% de los recursos en instrumentos estructurados (los que van a infraestructura), cuando hasta ahora sólo emplean en ello 3.9%.

Bajo este entorno, los especialistas coinciden en que las condiciones están dadas para que el sector de la construcción detone su crecimiento con fuerte impulso de recursos privados.

La mesa está puesta.

 

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