En las últimas semanas el optimismo económico que prevalecía se ha convertido en un claro escepticismo. La noticia acerca de la revisión a la baja del PIB llegó a confirmar lo que los círculos financieros sospechaban, las cifras de crecimiento económico no serían del 3.5% esperado a principios de año, sino de un magro 1.8%.

En la columna pasada nos ocupamos de este recorte de expectativas y de su relación con el subejercicio presupuestal, así como del impacto que este último tuvo sobre la industria de la construcción  y la generación de empleos en este ramo; concluyendo que el sector construcción ha sufrido una contracción que ha afectado el crecimiento económico.

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La ‘Encuesta  Nacional de Empresas Constructoras’ (junio 2013), elaborada por el INEGI y presentada el viernes pasado, terminó por confirmar el retroceso que ha sufrido la industria de la nuestro país. Los datos ofrecidos por el instituto nos muestran que “el valor de producción de las empresas constructoras disminuyó (-) 3.4% en términos reales durante junio pasado —respecto del mismo mes del año anterior—, producto de las caídas en los subsectores de Construcción de obras de ingeniería civil de (-) 4.7% y en el de Edificación de (-) 4.2 por ciento”.

Además, el reporte agrega que esta diminución en el valor de la producción ha tenido un impacto negativo sobre el empleo ya que “el personal ocupado en las empresas constructoras registró un descenso de (-) 3.9%, mientras que las horas trabajadas crecieron 1.5% en el mes que se reporta frente a junio de 2012.”

En este contexto la reducción del déficit de 2.6% del PIB, a 2%, se ha convertido en un tema sensible en el sector de  infraestructura, al grado que cualquier reducción en el gasto público es vista como perniciosa.

 

Ley de Disciplina Financiera y su impacto en el sector infraestructura

A partir de la Legislación sobre Disciplina Financiera de Estados y Municipios —aprobada por el Congreso de la Unión— hay quienes piensan que ésta podría tener un impacto negativo a futuro sobre el monto que estados y municipios puedan destinar a obra pública, escenario  que afectaría aún más la situación por la que atraviesa el sector.  El argumento es que: mayor control implica menor gasto en obra pública.

Sin embargo, a partir de datos presentados por el INEGI y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se puede comprobar que una mayor deuda no implica, necesariamente, una mayor inversión en proyectos de infraestructura.

Dichas cifras nos indican que diez estados de la República concentran 73.39% del total de la deuda pública que asciende a 436,242 millones de pesos. Estos números nos muestran que dichas entidades —tomando 2011 como año de referencia— gastan en promedio 14.78 pesos en obra pública por cada 100 pesos de deuda.

Hay casos preocupantes como el de Jalisco que gasta $2.51 en obra pública por cada 100 pesos de deuda, o el de Veracruz  cuya deuda aumentó 67.77% de 2006 a 2011, pero cuyo gasto de obra pública disminuyó en un  13.01%  en el mismo periodo de tiempo. Otro caso digno de mención es el de Michoacán, estado que incrementó su deuda en 73.09% y su inversión en obra pública tan sólo 27.90%.

Así pues, a la luz de estos datos podemos comprobar que no existe una correlación directa entre los niveles de endeudamiento de estados-municipios y el aumento del gasto en obra pública.

En otras palabras, no existen bases sólidas para pensar que un mayor endeudamiento se traduce en más obra pública; de hecho, como lo demuestra el caso de Veracruz, la relación incluso puede darse de modo inverso, todo lo cual debe llevarnos a reflexionar sobre el verdadero impacto de la Ley sobre Disciplina Financiera de Estados y Municipios.

A partir del análisis de esta información podemos concluir que en el corto plazo la aprobación de las modificaciones legislativas sobre responsabilidad financiera de estados no tendrá un impacto positivo sobre la industria de la construcción, debido a que impide usar ingresos futuros para inversiones en el presente. No obstante, legislaciones más estrictas para el control de deuda de estados y municipios, ayudarán a mantener finanzas más sanas en las administraciones públicas en beneficio de la sustentabilidad de las inversiones que es necesario realizar de forma duradera.

Lejos de concebirse como un freno al desarrollo de obras de infraestructura, la ley aprobada por el senado en agosto, debe verse como un esfuerzo por controlar un gasto que hasta el momento no  ha demostrado tener réditos de largo alcance, por lo cual es posible pensar que la legislación liberará recursos a favor de la industria de la construcción, lo que consecuentemente será beneficioso para la economía nacional.

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