Cuando se trata de crecimiento y progreso económico, hay ciertas condiciones mínimas que deben darse necesariamente para que los haya. Dos de los más importantes son la seguridad y la gobernabilidad, dos caras de la misma moneda.

Por desgracia, en México la seguridad es un tema pendiente, pues los índices de impunidad son de casi el 100 por ciento y así, el que delinque lo hace ante la baja probabilidad de ser castigado.

Esto es aplica tanto para la delincuencia común –la que más padecemos en el día a día-, como para la de “cuello blanco”, cárteles de la droga y otras formas de crimen organizado.

Los bloqueos y violencia de la CNTE son un ejemplo más esa inseguridad e ingobernabilidad. Sin ellas, no hay tampoco garantías al libre tránsito ni a la propiedad privada de personas y empresas.

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La torpeza con la que han actuado las autoridades federales y estatales para enfrentar estos problemas ha terminado en su inacción, pues prefieren ya no hacer nada con tal de no cometer más errores.

Esto en sí mismo es muy grave, y manda señales explícitas al exterior de que México, a pesar de las bondades y ventajas que tiene –como sus abundantes recursos y ubicación geográfica privilegiada-, no es un sitio atractivo para invertir.

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Por supuesto, los inversionistas nacionales tampoco sienten un estímulo por esta vía para arriesgar su capital. Prueba de ello son las quejas de la iniciativa privada que ha sufrido a causa de los bloqueos de la CNTE en los estados del sur.

No es que no haya inversiones, pero son insuficientes para que la economía crezca al ritmo que se necesita, genere muchos empleos y mejore los ingresos de los mexicanos. Sin mayor demanda de trabajo no podrán subir los salarios, así de simple.

La inseguridad entonces sí que es un problema, y es interno, no uno que “viene de fuera”.

El miércoles le conté en este espacio que dos calificadoras de riesgo crediticio, Moody’s y Standard & Poor’s, cambiaron la perspectiva para la banca y la calificación crediticia del país a negativa, desde estable, entre otros factores por la no vigencia plena del Estado de derecho.

Ayer se sumó el Banco de México, que en la minuta de la más reciente reunión de su Junta de Gobierno, dejó entrever que este factor de ingobernabilidad también preocupa a sus miembros, que coincidieron en que obstaculiza la implementación adecuada de las reformas estructurales. No hay duda.

La agravante es que esto ocurre en un contexto adverso de desaceleración de la economía global –en particular de las manufacturas de Estados Unidos (a pesar del optimismo de analistas y funcionarios), y con una deuda del sector público cuya expansión aún no está bajo control en el país.

En la secretaría de Hacienda insisten en que todo marcha conforme a lo planeado y que cumplirán con tener un superávit primario para el próximo año. Es más que dudoso. Pero incluso si se alcanza, las finanzas seguirán en un déficit de cuando menos el 2.5% del PIB, mientras otro déficit, el de Cuenta Corriente, es fuente de preocupación y ya está en los niveles más altos para un primer semestre desde 1994.

Urge pues un golpe de timón en el marco del Cuarto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto. Los focos amarillos ya están encendiéndose y no hay tiempo que perder.

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