El 80% de lo que pretende recaudar la nueva reforma fiscal proviene de los sectores con mayores ingresos y las empresas, lo que reducirá la desigualdad en el país, asegura el gobierno de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda en el informe ¿Quién paga la reforma fiscal en Costa Rica? Además, la administración del presidente Carlos Alvarado señala que un 92% de los recursos que se obtendrán adicionalmente del impuesto sobre la renta vendrá del 10% de hogares con más ingresos. “Un 80% de lo recaudado por la reforma tributaria lo pagará el 20% de hogares con mayores ingresos y las empresas. El restante 20% de la reforma lo pagará el restante 80 por ciento de los hogares”, indica el informe. El estudio expone, inicialmente, la grave situación fiscal que enfrenta Costa Rica:  en el 2017 el Gobierno Central cerró con un déficit equivalente a 6.2% del Producto Interno Bruto (PIB) y para el 2018 se proyecta que alcanzará un 7.25%. Explica que el proyecto Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas pretende reducir en cerca de 3.5% del PIB para el 2022 y dotar una mayor sostenibilidad a las finanzas del país mediante tres formas: aumentando los ingresos tributarios, conteniendo el gasto público e introduciendo mecanismos para fortalecer la administración hacendaria y reducir la evasión. Puedes leer:  República Dominica quiere eliminar tramites incensarios Además, el estudio asegura que la reforma tributaria llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, “generará una disminución en la desigualdad económica medida por el coeficiente de Gini”. Agrega que en 2017 el coeficiente de Gini para Costa Rica fue del 0,514 y que con la reforma tributaria caería al 0,497 debido a que “el mayor peso del aporte recae sobre los hogares más ricos, con lo que la reforma llevará a un país más equitativo y con finanzas públicas menos comprometidas”. La reforma fiscal que discute el Congreso tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13% en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y, de manera diferenciada, algunos productos que antes estaban exentos. También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.

 

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