El Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia iniciaron este lunes la cuarta sesión de negociaciones para encontrar una salida a la crisis del país. De acuerdo a fuentes de la oposición, hasta ahora se han avanzado en 9 de los 12 puntos discutidos, todos relacionados con aspectos de forma, y los pendientes son asuntos de fondo que incluyen  la exigencia de justicia y democracia en Nicaragua. Entre los temas pendientes se encuentra el de los garantes del proceso, un rol para el que se a ofrecido la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que según medios locales está generando controversia en la mesa de negociación. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha expresado interés en que está jornada sirva para ponerse de acuerdo con el Gobierno para establecer la hoja de ruta en las negociaciones para avanzar hacia acuerdos concretos. Puedes leer: Nicaragua libera “presos políticos” antes de reinicio de diálogo con oposición La sesión de este día es la primera en iniciar con retraso, debido a que los representantes del gobierno llegaron con una hora de retraso al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), al sur de la capital nicaragüense, Managua, sede de las negociaciones. En las discusiones de esta cuarta sesión, que se reúne a puerta cerrada y con total hermetismo, no se contó con la participación del cardenal Leopoldo Brenes, quien el domingo afirmó que su participación no es como mediador, sino solamente como invitado. La crisis socio política en que vive Nicaragua desde abril pasado ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 777 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en exilio, según organismos internacionales. De los cuales el presidente, Daniel Ortega, que no acepta la responsabilidad de la crisis, reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama “terroristas, golpistas, o delincuentes comunes”, ha denunciado ser víctima de un intento de “golpe de estado fallido”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que el Gobierno ha cometido crímenes de “lesa humanidad”, mientras que la OEA está en proceso de la Carta Democrática Interamericana.

 

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