Los integrantes del Senado y representantes del sector empresarial, así como académicos y especialistas en materia laboral, se reunirán este miércoles 12 para discutir la iniciativa que busca regular el outsourcing que se presentó en noviembre de 2019. 

Los representantes de los organismos empresariales del país darán a conocer una serie de planteamientos con un objetivo muy claro: regular sin desaparecer las empresas y mecanismos de subcontratación laboral. 

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“En términos generales lo que se propone es que el mecanismo no desaparezca sino que se regule, que se pongan las reglas y condiciones básicas para evitar que se evada el pago de impuestos y las prestaciones a los trabajadores”, detalló José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco- Servytur).

López Campos, aseguró que el modelo de subcontratación no sólo se utiliza en las grandes empresas, sino que las pequeñas y medianas empresas  que no pueden tener en nómina todos los servicios que necesiten para su funcionamiento adecuado, también acuden a estos mecanismos. 

“Hay que entender que los mecanismos legales y regularlos y los mecanismos ilegales que aún con todas las prohibiciones se puedan seguir dando”, apuntó al concluir la presentación de los 10 principios para comprometer al sector privado con metas de “dimensión social”, organizado por el Consejo coordinador Empresarial (CCE). 

La iniciativa presentada por Napoleón Gómez Urrutia propone “diferenciar la subcontratación ilegal y delictiva de los grandes grupos de delincuencia organizada en el país, de aquellos servicios ilícitos que la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social permiten”.

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El documento advierte que, la subcontratación lícita ocurre cuando una persona provee de trabajadores especializados en actividades que el contratante, no lleva a cabo en tanto se trata de actividades necesarias, pero no las esenciales de su giro.

La propuesta establece que la subcontratación únicamente podrá realizarse respecto de actividades laborales en las que los trabajadores que el contratista provee exijan de una especialización que resulte ajena o accesoria a la actividad o vocación preponderante o principal de aquella que realice el contratante o beneficiario.

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Sugiere implementar un sistema de gestión para verificar el cumplimiento de los requisitos para la contratación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).

Además propone un programa temporal de inmunidad penal para que aquellos contratantes que incurrieron en conductas delictivas en perjuicio de los trabajadores y del Fisco Federal resarzan el daño a cambio de beneficios penales.

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