Después del Segundo Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para la iniciativa privada y para sectores medios y altos del país queda claro que el peso constante de lo político no solamente disminuirá sino se incrementará tanto por el inicio del proceso electoral como por la narrativa del cuerpo gobernante para el cual la iniciativa privada, puentes o no de por medio, es de menor relevancia que el conjunto de las políticas públicas de carácter social.
Y no sería ninguna novedad si tempranamente se hubiera asumido que en eso y en el principio de igualdad y comunidad se sostiene fundamentalmente todo programa esencial de izquierdas que, con todo y la crítica de algunos organismos cupulares, parece no haber sido reconocido como parte de la realidad: se mantiene una crítica como si no hubieran pasado dos años de un nuevo régimen y como si las elecciones del 2018 no hubiesen ocurrido.
Algunas voces señalan que la preferencia por el tema político en el titular del Poder Ejecutivo lastima la inclinación que él recomienda en materia económico-financiera.
Curiosamente, en esos comentarios se muestran las posibilidades de crecimiento de una iniciativa privada que, sin dejar de mirar un poco “atrás” políticamente, dirigiendo su mirada antes de julio de 2018, comienza a reconocer la correlación entre empleo masivo, desarrollo y agrega, me parece con razón, que la clave del crecimiento es la inversión asociada a lo que llama el florecimiento del sector privado.
Para la IP, asumiendo que en ella se reúnen básicamente cúpulas empresariales, empresas con presencia global y organismos empresariales con intensa presencia regional o en productos consolidados en el mercado —no necesariamente pequeños y medianos empresarios que con frecuencia parece discordantes de sus cúpulas— todavía es válida la existencia de un Estado apoyado del sector privado, lo que implica, en este 2020, en la realidad, enfrentarse a la negativa del gobierno de impulsar el endeudamiento público o la posposición de pago de impuestos.
En el Consejo Ciudadano, desde el inicio de la pandemia, en algunos diálogos con participación del Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Canacintra y empresarios de diversos segmentos, planteamos que necesitamos un “justo medio” entre las posiciones de los sectores empresariales convencionales y el resto de la sociedad que ha vivido dos años ya este cambio de régimen y que, debate de por medio, sigue manteniendo mayoritariamente su respaldo a AMLO.
No entender el cambio de régimen, o al menos sus aspectos económico-políticos, es como del otro extremo de lo ideológico no entender —así sea trivialmente— la lógica del mercado. Habría que conceder más relevancia también a las fluctuaciones de la opinión pública, cierto, pero lo mismo a las opiniones sedimentadas a favor de lo social.
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* Salvador Guerrero Chiprés es Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México
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