El papel del Estado es asumir ciertos riesgos, abriendo el camino a nuevas tecnologías, antes de que el sector privado comience a rentabilizarlas en aplicaciones industriales.

 

 

 

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“Hay que meternos a la innovación tecnológica, nos está dejando el tren”, remarcó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, durante su intervención en el IX Foro Empresarial Iberoamericano, que se celebró en Panamá hace un mes. Por su parte, el presidente de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), Enrique García, destacó la necesidad de fomentar el “emprendimiento como motor muy importante para el desarrollo”. “América Latina, si quiere converger con los países industrializados, tiene que hacer un tránsito de un modelo de ventajas comparativas tradicionales basadas en recursos naturales y salarios bajos a un modelo de ventajas comparativas dinámicas” y “eso significa que debe haber una transformación productiva”, opinó.

Por su parte, en uno de los libros más comentados en las últimas semanas, Mariana Mazzucato  cuestiona: ¿Dónde estaría hoy Google sin las inversiones financiadas por el Estado en el desarrollo de Internet, y sin las subvenciones con que la Fundación Nacional de Ciencias de EU (NSF) financió el descubrimiento de su propio algoritmo? ¿El iPad sería tan exitoso sin las innovaciones financiadas por el Estado de las tecnologías de comunicación, GPS y pantalla táctil?

Comparto ampliamente la visión de que se debe potenciar aún más la innovación, y que no es útil identificar fallas de mercado para luego tratar de eliminarlas, ni que la política industrial solamente deba seleccionar ganadores a quien apoyar. De hecho, coincido con la visión de que el papel del Estado es asumir ciertos riesgos, abriendo el camino a nuevas tecnologías, antes de que el sector privado comience a rentabilizarlas en aplicaciones industriales. Ahora, ¿por qué habla Mazzucato del apoyo del Estado desde la oferta y no se enfoca en analizarlo también desde la demanda? ¿Puede ésta ser una característica diferencial para los países de América Latina?

La realidad de nuestra región es diferente. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el sector privado es la principal fuente de más rápido crecimiento del financiamiento de investigación y desarrollo, superando el 65% del total de inversiones en I+D. En América Latina y el Caribe, la participación del sector privado se aproxima apenas al 40% y la financiación de I+D sigue concentrada en las instituciones públicas.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuando la inversión en I+D se concentra principalmente en el sector público, su impacto en la productividad y la competitividad de la economía puede ser menos importante.

Por lo tanto, a mi juicio, las políticas de innovación en América Latina no deben ir acompañadas solamente del apoyo financiero del Estado en las etapas tempranas del desarrollo tecnológico, sino que también deben ir conducidas por políticas de demanda tecnológica por parte de éste. Es decir, innovaciones tecnológicas en la salud, innovaciones tecnológicas en educación, innovaciones tecnológicas en la seguridad, etc. convirtiéndose el Estado en un demandante neto de innovación para el sector privado.

De esta manera, tanto la oferta como la demanda de proyectos de innovación se complementarían y el apoyo del Estado cerraría un círculo que en nuestro continente, hasta el momento, no se está desarrollando.

 

 

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