EFE.- Las fuerzas de seguridad españolas detuvieron a 23 personas en una operación contra una red dedicada presuntamente al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso, que había desplegado una potente red clientelar dentro de la administración pública, logrando infiltrarse en las instituciones del Estado.
La organización planeaba controlar sectores clave de la economía española y contaba para ello con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos, informó este miércoles la Policía en un comunicado.
Durante la investigación, la mayor de los últimos 10 años en España contra las mafias del este de Europa, los agentes llevaron a cabo 18 registros en Alicante (este), Madrid, Tarragona (noreste) e Ibiza (islas mediterráneas de Baleares), en los que se descubrieron armas de fuego -entre ellas cuatro de guerra-, 300 mil euros en efectivo (unos 363 mil dólares al cambio), diamantes, monederos virtuales con criptomonedas, cajas de seguridad en bancos y 16 vehículos de lujo.
Los detenidos recurrían al cohecho y al tráfico de influencias, tanto para facilitar sus operaciones de blanqueo de capitales, sorteando obstáculos legales y logrando favores administrativos, como para protegerse de investigaciones policiales y judiciales, facilitando asimismo la adquisición de la residencia española a todos los clientes de la red desmantelada.
Mientras unos pasaban inadvertidos para actuar en la sombra, otros eran activos en la política y la esfera pública, manteniendo un contacto estrecho y fluido con representantes de la administración pública de distintos perfiles, a quienes trataban de captar para su red de influencias.
Uno de los principales investigados realizaba actividades filantrópicas en diversas instituciones públicas para poder acercarse a ellas y, una vez conseguida su confianza, poder hacer uso de las mismas en beneficio de la red.
La investigación comenzó en 2013, llevada a cabo de forma conjunta con EUROPOL y dirigida por la Fiscalía Especial española contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Aquel año, los agentes detectaron que se estaba utilizando España como punto de entrada para el blanqueo de capitales de organizaciones criminales de la antigua Unión Soviética.
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La organización cometía, además, delitos conexos y estaba profundamente enraizada en la sociedad española, por lo que la investigación policial se desarrolló con la máxima discreción.
Los investigados invertían los beneficios de las actividades criminales en varios negocios, principalmente en discotecas, restaurantes y el sector inmobiliario de zonas costeras por medio de empresarios rusos vinculados a la organización de “ladrones de ley” y los sindicatos del crimen rusos.
Además, utilizaban cantidades “ingentes” de dinero para intentar corromper a funcionarios y políticos.
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