La banda ancha es una tarea que podría generar grandes beneficios económicos. El costo de oportunidad que México está perdiendo por no tenerla es de 129,200 mdd.

 

Paola Parra trabaja para Mapfre Seguros y su función es encontrar las refacciones más baratas del mercado para los vehículos siniestrados. Gracias a un programa del gobierno, hace todo desde su casa y, eso, le otorga beneficios: tener tiempo para hacer ejercicio y ahorrar 8.3 dólares que desembolsa al día para comer en un restaurante y por el taxi para ir a la oficina.

Ella es colombiana y su testimonio está en la página web del gobierno de su país, que promueve el home office con el programa Teletrabajo, que despliega una red de banda ancha para conectar a los municipios a través del proyecto Vive Digital.

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Masificar el uso de internet y que éste sea prioridad en los planes gubernamentales, es una tendencia que avanza en el mundo. Pero no en México.

Patricio Northland, CEO de Satmex, empresa que da servicios de banda ancha satelital, lo explica así: “Banda ancha no debe verse como un lujo, está validada como generadora de desarrollo económico, educación y democracia”.

Según la Organización para el Comercio y Desarrollo Económicos (OCDE), lo que México pierde en bienestar por no contar con los beneficios económicos de las telecomunicaciones, en especial de banda ancha, asciende a 129,200 millones de dólares (mdd).

México no ha iniciado proyectos de alcance nacional como Teletrabajo. La agenda digital, en la que proveer internet de alta velocidad a la mayoría de la población es sólo el primer paso, aún no está entre las prioridades de las autoridades federales. Ante ello, México cayó un puesto el año pasado al lugar 79, por debajo de pares regionales como Chile, Brasil y Perú, en el índice de Desarrollo TIC, que mide y compara el nivel de penetración y adopción de las tecnologías de información en 156 países.

Desdén y  ambigüedad. Son dos de las características que han dominado sobre la materia en el sector público. El gobierno de Vicente Fox lanzó la plataforma eMéxico, pero no se planteó la conectividad universal. El actual gobierno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó en marzo de 2011 una agenda digital que sí considera el acceso universal a conexiones de banda ancha, pero, según los expertos, carece de definiciones clave.

El plan de conectividad del gobierno no debe ser la suma de esfuerzos aislados como hasta ahora, sino contener acciones vinculantes y con horizonte mínimo de cinco años e indicadores para darle seguimiento, complementa Jana Palacios, analista del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

 

¡Basta de indefiniciones!

Banda ancha es la tecnología de transmisión de datos, audio y video a velocidades mayores a 4 Mbps (megabites por segundo) de internet a la computadora del usuario y a 1 Mbps de subida; puede correr por cable, vías inalámbricas y satelitales, pero lo relevante es la utilidad que le puedan dar ciudadanos, negocios y el propio gobierno.

Con conexión de banda ancha y asesoría, negocios de barrio como un salón de belleza podrían usar el comercio electrónico para hacer pedidos de tintes y champús y pagarlos en línea.

Para los gobiernos, es una vía económica y eficiente para proveer servicios; para los ciudadanos, es una alternativa para mejorar sus capacidades educativas y laborales e, incluso, para recibir atención médica sin salir del lugar donde habitan.

El servicio más extendido en México y que podría llegar a una cobertura de 100% en 2013 es la telefonía celular (92 millones de líneas al cierre de 2011), pero los beneficios potenciales de la banda ancha son otra cosa.

Aún si sólo se tratara de tener computadoras, el país permanecería a la zaga. De los 40.6 millones de usuarios de internet que hay en el país, la mitad accede a la red desde un lugar distinto de su casa, ya sea porque no tiene computadora o conexión.

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la penetración de computadoras por hogar en México en 2009 era similar a la que tenían los europeos 16 años atrás.

Entre las medidas que pide la industria para combatir el rezago está eliminar el impuesto de 3% a las telecomunicaciones, pues aunque no aplica para internet, los operadores en México dan este servicio en paquete con otros servicios y terminan por encarecerlo. Recientemente Telmex ha anunciado que ofrecerá el servicio de internet por separado.

También demandan que se licite más espectro y más fibra propiedad de CFE –se recuperaron 36 fibras y licitaron 2– para hacer más eficiente el uso del espectro, crear más competencia y aumentar la penetración.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) debe concentrar las decisiones del sector, en tanto que la SCT reservarse temas específicos, ya que hasta ahora han funcionado como una doble ventanilla que retrasa decisiones de competencia y transparencia, apunta la analista de AMIPCI.

El plan de conectividad debe garantizar que haya información provista por instituciones y operadores para medir avances, como velocidades de conexión o número de escuelas, centros de salud y gobiernos municipales conectados a internet.

¿Tendrá presente el nuevo gobierno el retraso que México tiene en telecomunicaciones? ¿Detonará una revolución en la materia? Los expertos sostienen que este sector requiere de funcionarios que no se pierdan en el bosque, pero sobre todo advierten que esta historia podría tener un giro de 360 grados si se eliminaran privilegios de grandes jugadores. La lucha de vencidas, si se piensa en el bienestar colectivo, sería un hecho.

 

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