Por Mirna Gutiérrez

Costa Rica tiene un importante rezago en infraestructura y un serio problema de congestión vehicular en la zona metropolitana, que se traduce en grandes pérdidas económicas. La consultora Ernst & Young (EY) propone un nuevo impuesto para crear un fondo que permita detonar nuevos proyectos.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2017 del Foro Económico Mundial, Costa Rica se ubica en el lugar 110 de 137 países en calidad de infraestructura, y en comparación con otras naciones de la región, se posiciona en el último lugar.

En el estudio La encrucijada de la infraestructura en Costa Rica, elaborado por EY, se atribuye este rezago, entre otros factores, a la inexistencia de una visión de país a largo plazo, la falta de un sistema de gestión, inversión insuficiente y un alto costo en la construcción de carreteras. Esto ha hecho que existan proyectos sin concretar, como la ampliación de la carretera SJ-Cartago (1999) o la autopista Sifón-La Abundancia (2002).

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Se estima que el atraso en la red de carreteras es de 35 años, de acuerdo con el reporte.

“No conozco otro país que tenga un caso tan complicado como el nuestro donde hay proyectos que tienen 20 o 30 años, y que no han podido ejecutarse”, afirma Gustavo Ortiz, director de Infraestructura
y Project Finance para Centroamérica y República Dominicana de EY.

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Para el especialista, este retraso se debe a la ineficiente preparación de los estudios y a la poca efectividad en la ejecución: “El modelo no es funcional y mientras no lo cambiemos vamos a seguir en lo mismo. Debemos crear un ente que administre la infraestructura del país de manera profesional y que tenga una visión de largo plazo”.

Otro de los grandes problemas de Costa Rica es el crecimiento del tráfico vehicular, lo que representa una seria dificultad de congestión en la Gran Área Metropolitana (GAM). El parque vehicular registra una tasa anual de crecimiento promedio de 6%, y el Programa Estado de la Nación estimó que la pérdida en tiempo por congestión es de 590 millones de dólares (mdd), alrededor de 2% del pib.

Entre las soluciones que se proponen en el estudio destaca la creación de un fondo de infraestructura para el financiamiento de proyectos, a partir de un nuevo impuesto de 5% sobre el precio de los combustibles, que tendría un efecto de entre 2.72% y 3.74% de aumento en el precio final para los usuarios, y generaría un ingreso anual al fondo de aproximadamente 177 mdd. Si se titularizaran los ingresos futuros de dicho impuesto por los próximos 20 años, el fondo contaría con alrededor de 1,760 mdd.

“A nadie le gusta pagar impuestos, pero creemos que si existe el compromiso de que ese impuesto vaya a un fondo de infraestructura, sin entrar a la ‘caja chica’ del Estado, eso podría hacer que la gente entienda que es una manera de solucionar el serio problema de congestionamiento que tiene el país”, opina Ortiz.

 

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