La pandemia por COVID-19 recordó la importancia del sector agroalimentario mundial. Es posible prescindir de mucho, pero no de alimentos y agua. El sistema de información agroalimentaria (SIAP) señala que México reúne las condiciones necesarias para incrementar la producción de alimentos de forma sostenible, lo mismo que su exportación. Por sexto año consecutivo, la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial presenta un superávit cercano a 10,000 millones de dólares anuales.
Desde 1992, el marco jurídico agrario establece la posibilidad de que ejidos y comunidades —propietarios de casi 100 millones de hectáreas, es decir, 51% del territorio nacional— aporten tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles, con inversionistas públicos y privados. Esas sociedades pueden tener fines agrícolas, ganaderos o forestales, entre otros.
Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado
De acuerdo con el Registro Agrario Nacional, las tierras de uso común representan el 65.2% del total de la propiedad ejidal y comunal; las tierras parceladas, el 33.5%, y las destinadas al asentamiento humano, el 1.3%, y es el artículo 75 de la Ley Agraria el que regula el procedimiento de aportación de tierras si hay una asociación.
Así, existe una seguridad jurídica y guías legales para establecer la delimitación de las tierras, y el acompañamiento -mediante una opinión fundamentada- de la Procuraduría Agraria en temas como la certeza de la inversión proyectada; la equidad en los términos propuestos, y el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales.
Además, una asamblea de ejidatarios analizará y aprobará en su caso, con al menos dos terceras partes de sus integrantes, los proyectos y compromisos acordados en presencia de un representante de la Procuraduría Agraria y un notario público.
Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México
Por ejemplo, si la sociedad tiene fines agrícolas, ganaderos o forestales, la extensión máxima de tierra es de hasta 25 veces los límites de la pequeña propiedad individual que, según la Constitución, puede ser de hasta 100 hectáreas de riego y 200 de temporal si es agrícola; o suficiente para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente; y en la forestal, hasta 800 hectáreas de bosque o selva.
De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (INEGI, 2019), en el campo existe déficit de crédito. Únicamente el 8.4% de las unidades de producción agropecuaria accedieron a financiamiento. Lo anterior demuestra que en el campo existe enorme riqueza de tierras —capital natural, flora y fauna—, pero carece de capital financiero para llevar tecnología, equipamiento e infraestructura.
Sin duda, para México, la oportunidad se halla principalmente en la asociación: ejidos y comunidades poseen tierras y agua en algunas zonas, y los inversionistas cuentan con capital y mayores posibilidades para incorporar la innovación tecnológica a la agricultura, a la ganadería y a la producción forestal. Para que las sociedades sean sostenibles deben ser equitativas y conforme al marco jurídico.
Contacto:
Maribel Concepción Méndez de Lara es Magistrada Presidenta del Tribunal Superior Agrario*
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: Mmendezdelara3
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
