Integrantes del sector privado insistieron en su postura de no reformar la Ley Federal del Trabajo para regular las prácticas de subcontratación, sino aplicar de forma puntual y, de ser necesario, hacer pequeñas modificaciones a las normas ya existentes.

Durante la primera mesa de trabajo del análisis de la reforma en materia de subcontratación en el Senado, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN); y Francisco Cervantes, dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin); coincidieron en que limitar el outsourcing podría afectar el mercado laboral y enviar señales negativas a empresas nacionales e internacionales.

En cambio, propusieron una serie de medidas para “cerrar el paso a las prácticas ilegales” de subcontratación que afectan los derechos laborales de los trabajadores y al erario.

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Cervantes propuso que a través de las modificaciones para establecer como delincuencia organizada la defraudación fiscal se investigue a las empresas que cometen estas medidas en perjuicio de los trabajadores y las arcas públicas.

Del Valle propuso integrar un registro de empresas de subcontratación, establecer de forma puntual la responsabilidad entre las empresas que solicitan los servicios de subcontratación, las empresas que lo proveen y los trabajadores, así como verificar que se respeten estos derechos.

El dictamen que se presentó en noviembre de 2019 propone implementar un sistema de gestión para verificar el cumplimiento de los requisitos para la contratación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

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El documento advierte que, la subcontratación lícita ocurre cuando una persona provee de trabajadores especializados en actividades que el contratante no lleva a cabo, en tanto se trata de actividades necesarias, pero no las esenciales de su giro.

La propuesta establece que la subcontratación únicamente podrá realizarse respecto de actividades laborales en las que los trabajadores que el contratista provee exijan de una especialización que resulte ajena o accesoria a la actividad o vocación preponderante o principal de aquella que realice el contratante o beneficiario.

Además propone un programa temporal de inmunidad penal para que aquellos contratantes que incurrieron en conductas delictivas en perjuicio de los trabajadores y del Fisco Federal resarzan el daño a cambio de beneficios penales.

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