El sector empresarial se comprometió a trabajar de manera conjunta con el Gobierno federal, a fin de lograr resultados positivos en el combate a la corrupción.

 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al Congreso de la Unión aprobar un sistema nacional anticorrupción integral, autónomo y con recursos suficientes para prevenir y sancionar actos de corrupción y combatir los altos índices de impunidad que aún prevalecen en México.

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Los organismos que integran el CCE detallaron en un comunicado que, la petición se da luego de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció una serie de medidas anticorrupción, transparencias y prevención de conflictos de interés y el nombramiento de Virgilio Andrade, como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Expresamos nuestra absoluta disposición de trabajar conjuntamente con el Gobierno federal y el Congreso de la Unión en el fortalecimiento de esquemas de transparencia y rendición de cuentas, la prevención y el combate a la corrupción e impunidad”.

Asimismo, el CCE declaró que tanto el sector privado como el Poder Ejecutivo han asumido medidas que respaldan el fortalecimiento del Estado de Derecho en México.

 

Canacintra respalda medidas de transparencia                     

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) respaldó las medidas tomadas este martes por el Gobierno federal en materia de transparencia y corrupción y destacó en un comunicado que, estas medidas son de gran relevancia para revertir la percepción y los hechos que hacen de la corrupción, el freno del desarrollo económico de México.

Al respecto, Rodrigo Alpízar Vallejo, presidente Nacional de Canacintra dijo: “Hay que decirlo con todas sus letras, las ‘mordidas’ son un obstáculo para el desarrollo, pues generan una cultura rentista que hace ineficiente la asignación de recursos en un sistema económico, lo cual, prolonga el subdesarrollo dado que eleva los costos de las empresas, inhibe la inversión y demerita el potencial competitivo del país”.

El organismo estima que, el impacto de las malas prácticas como pagos irregulares, desvío de fondos públicos y los sobornos es  de entre 8 y 19 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

 

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