El debate por la Ley de Infraestructura de la Calidad ha llamado mucho la atención de las partes pues ha recibido 119 comentarios y será analizada en conjunto por senadores, representantes de los organismos empresariales además de instituciones académicas y organizaciones civiles, el próximo 9 y 10 de junio a través de varias mesas de trabajo.

En reuniones previas con los senadores Alejandro Armenta (Morena) y Claudia Ruiz Massieu (PRI), que presiden la Comisión de Hacienda y de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) respectivamente, el sector empresarial urgió que el tema se analice con expertos en la materia y expusieron que la entrada del Tratado no obliga a modificar la actual Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Carlos Salazar; la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), de Francisco Cervantes; la CONCANACO SERVYTUR, de José Manuel López; la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), de Jesús Cabrera, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), de Bosco de la Vega y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO CDMX) de Nathan Poplawsky entre otros líderes empresariales, han manifestado su intención de participar en el debate y propuestas pues han considerado que la Ley tiene muchas inconsistencias.

El proyecto en cuestión abrogará a la actual Ley Federal sobre Metrología y Normalización y los especialistas señalan imprecisiones como que 104 de los 164 Artículos que contiene hacen referencia a un reglamento que se emitirá en dos años lo que propiciará un vacío legal que puede ocasionar desviaciones a la misma.

Para los organismos empresariales la actual ley ha tenido efectos positivos. El sistema de evaluación de normas se conforma por más de 6,000 pymes que trabajan con en favor de la salud, seguridad, protección al consumidor y el cuidado al ambiente y a las vías generales de comunicación a través de la verificación, pruebas y certificación del cumplimiento de las Normas Oficiales  Mexicanas (NOM).

Aunque también han hecho del conocimiento de los senadores que de un  promedio de 800 NOM vigentes, 285 cuentan con laboratorios, verificadores y certificadores para su evaluación, mientras que para 515 restantes no se cuenta con infraestructura para realizar pruebas, verificaciones o certificaciones requeridas, por ello han llamado a que se exija la vigilancia en el cumplimiento de las normas.

Por otra parte, en una reunión virtual con Alfonso Guati Rojo, Director General de Normas de la Secretaría de Economía e integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, manifestó que la actual Ley genera esquemas lentos de normalización, los cuales deben ser ágiles, de lo contrario las normas pierden vigencia en la práctica porque no están adaptas a las necesidades de la industria o del Estado. 

 

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