Por Humberto Trejo Catalán*

La reciente declaración del presidente López Obrador, “sobre regresar la educación al estado que tenía en 2012, si no prospera la reforma educativa dictaminada favorablemente hace unos días en las comisiones de la Cámara de Diputados”, genera dudas poderosas sobre su alcance y viabilidad.

Muchos se preguntan, con alarma o frustración: ¿Se va a perder la rectoría del Estado en la educación? ¿Regresará la venta y herencia de plazas? ¿¡Ya no se evaluará a los maestros!?…

Todo eso y más, gravita en el horizonte aciago que dibujan quienes temen -o nos quieren espantar- con la idea de que “regresar el sistema educativo al estado que tenía en el 2012” es lo peor que puede pasar.

Frente a esta angustia, cada vez mayor, cabe preguntarse ¿cómo estaba organizado el Sistema Educativo Mexicano (SEM) en 2012? Esta breve colaboración busca responder en algunos de sus aspectos más polémicos, esta pregunta.

Veamos. La Reforma Educativa del 2013 (RE13) introdujo el principio de “calidad” como obligación (para el Estado) y derecho (de la sociedad) en la gestión de la educación pública. Esto implicaba, fundamentalmente, “medir, transparentar y mejorar”.

Para lograrlo, la RE13: 1) Creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (“nuevo” INEE), 2) Ordenó levantar el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), 3) Creó un sistema de carrera docente que ingreso, ascenso y permanencia al resultado de un examen, y 4) Diseñó “un nuevo modelo Educativo”.

En consecuencia, cabe preguntarse: ¿Estas decisiones fueron innovadoras para la organización del Sistema Educativo Mexicano? ¿Resultaban inéditas o, mejor aún, disruptivas?

A pesar de la narrativa que a costa de un presupuesto comunicacional –ese sí, sin precedentes- pretendió presentar la RE13 como “primer principio” de todas estas acciones, la realidad es que no lo fueron: Lo único novedoso en la propuesta fue la amenaza de despedir a docentes, si no aprobaban los exámenes.

Veamos. El principio de “calidad” quedó sólidamente instalado en el sistema educativo desde el 2002, año en que se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE “primigenio”) sujeto, entre otros, a los principios de independencia y objetividad.

En cuanto al CEMABE, la Ley General de Educación (LGE) estableció desde 2011 la obligación de “regular, coordinar y operar un padrón de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares” y “establecer un Sistema de Información y Gestión Educativa” (Art. 12, X y 13, VII.)

En 2008, se firmó la Alianza para la Calidad de la Educación, con los siguientes acuerdos: Ingreso y promoción en la docencia únicamente mediante el concurso de oposición; Reformar Carrera Magisterial (1998), para dar más puntaje al logro académico; y Crear un Programa de Estímulos a la Calidad Docente.

El concurso de ingreso se aplicó de manera generalizada desde 2008, aunque se practicaba regularmente en casi todo el país y Carrera Magisterial, se reformó en 2011. El acuerdo para la Evaluación del Desempeño Docente, vinculada a estímulos y con carácter de obligatorio, firmó en mayo de 2011.

En cuanto a la propuesta de “un Nuevo Modelo Educativo”, en 2011 se publicó el Acuerdo 592, para armonizar y articular el currículo, la formación continua, la gestión escolar y el uso de las nuevas tecnologías en la educación básica.

Así, la RE13 se impuso sobre un proceso de varios sexenios, centrado en la calidad y en la profesionalización docente, donde había mucho que hacer y no se hizo. Regresar el sistema al 2012 puede ser criticable, pero no una tragedia, así sea por ahora, un escenario poco probable.

*Rector del Centro Regional para la Investigación e Innovación Educativa de Chiapas.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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