Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República (PGR), determinó que continuará preso en el Reclusorio Norte para enfrentar los delitos de obstrucción de la justicia, tortura y desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
“Se determina que debe subsistir la medida cautelar de prisión preventiva justificada, toda vez que no han variado de manera objetiva y suficiente las condiciones”, dijo Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.
El abogado del Poder Judicial de la federación vinculó al ex gobernador de Hidalgo por los delitos de obstrucción de la justicia, tortura y desaparición forzada.
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El 19 de agosto de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) libró una orden de aprehensión contra el exprocurador Jesús Murillo Karam.
Fueron elementos de la Policía Federal Ministerial quienes ejecutaron la orden de captura cuando Murillo Karam salía de su domicilio en las Lomas de Chapultepec.
De acuerdo con la FGR, el exfuncionario enfrenta imputaciones por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstaculización de la justicia.
El juez pidió también a las autoridades del Reclusorio Norte que sean respetuosos de la dignidad y de los derechos humanos de Jesús Murillo Karam, luego de que pidieron un amparo ante las autoridades judiciales.
En enero de 2015, el exprocurador General de la República determinó la verdad histórica para explicar la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, la cual estaba basada en las declaraciones de presuntos integrantes del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos.
Murillo Karam apuntó que los jóvenes fueron detenidos por policías municipales de Cocula para después ser entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, presuntamente liderada por el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa y Sindonio Casarrubias.
Una vez que fueron sometidos, explicó Jesús Karam, los normalistas fueron privados de la libertad, asesinados e incinerados en el basurero municipal de Cocula para posteriormente arrojar sus restos al Río San Juan, lugar donde posteriormente se extrajeron varias bolsas de basura con los supuestos restos de los jóvenes, ya sin poder identificar debido a que fueron quemados.
“Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, declaró.
