Por Julio A. Millán

El pasado 4 de junio, el país volvió a vivir una jornada electoral llena de lecturas diversas. En las votaciones para elegir gobernador en Nayarit, Coahuila y el Estado de México, la población salió a expresar su hartazgo de los partidos políticos. Es un hecho que ninguno de ellos logró una mayoría absoluta de las preferencias y, al final, los resultados se decidieron apenas por un margen muy pequeño.

En el Estado de México, la contienda se anticipaba muy cerrada, tal y como lo habían señalado las encuestas previas a la elección. De acuerdo con datos del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), se tuvo una participación del 52.5% del electorado; el conteo final arrojó como resultado el triunfo del PRI y los partidos de alianza, quienes registraron el 33.7% de los votos en la entidad, mientras que la candidata de Morena obtuvo el 30.8%.

Una situación similar se presentó en Coahuila, donde se registró una participación ciudadana del 59.5% del padrón. El Instituto Electoral de ese estado otorgó la constancia de mayoría al candidato del PRI, con el 38.3% de los votos, mientras que el candidato del PAN registró el 36.8%.

Ante la imposibilidad de una segunda vuelta y gobiernos de coalición que puedan dar mayor certeza al proceso, las inconformidades no se hicieron esperar por parte de los partidos políticos que se encuentran abajo en las preferencias. Ya empezaron las descalificaciones, las amenazas de movilizaciones y la incertidumbre sobre la legalidad del proceso.

Todas las votaciones estatales son validadas por la máxima autoridad electoral del país, que es el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual cuenta con la representación de todos los partidos políticos y, si bien es mejorable en muchos aspectos, es una institución sólida que cuenta con credibilidad y reconocimiento internacional.

Estas elecciones fueron la antesala de lo que será el proceso electoral para elegir al próximo presidente del país, en 2018, por lo que es una obligación de las instituciones y los participantes políticos actuar no sólo conforme a la legalidad, también actuar en favor del país y dejar de lado sus intereses.

Judicializar el proceso electoral no es positivo para la nación, aunque es costumbre hacerlo. No hay que dar al mundo una señal que no corresponde a nuestra realidad en el sentido electoral, de Estado de derecho, de respeto y de credibilidad a las instituciones, ya que millones de mexicanos ejercieron su derecho y salieron a votar, y un principio básico de toda democracia es el respeto a la voluntad ciudadana.

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Si bien es cierto que las elecciones cada día se convierten en contiendas más reñidas y que convencer a los electores es una tarea ardua en la que, en ocasiones, cada vez más las ofertas políticas creíbles se sustituyen por la manipulación, la distorsión, la cooptación y la compra de votos. Es importante no caer en la trampa de la teoría de la conspiración y del complot político.

La incertidumbre política puede llegar hasta el terreno económico. En estos momentos, más que nunca, la economía mexicana requiere mantener su solidez, debe cuidar de la estabilidad macroeconómica. El riesgo político es evaluado por inversionistas y agentes económicos, por instituciones financieras y por las principales agencias calificadoras de riesgo, las cuales, a pesar de que han mantenido la nota crediticia de los bonos soberanos del país, éstos cuentan con una perspectiva negativa por los riesgos actuales  de la economía.

Los ciudadanos aún ejercen su voto con la esperanza de influir en su futuro; eligen una plataforma económica y un programa de gobierno de largo plazo y, una vez elegidos, los votantes esperan que sus nuevos gobiernos empiecen a trabajar.

El programa electoral de México estará a prueba en 2018; sin embargo, las diferentes expresiones políticas van a encontrarse con un electorado frustrado y molesto, con cierto cansancio de una democracia envenenada por la impunidad y la inseguridad. La gran pregunta será si alguno de los candidatos logrará mover la conciencia mayoritaria de los ciudadanos y si podrá con el mandato popular que reciba a través del voto, para luego cambiar sustantivamente la estructura corrupta en el país.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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