Juez aprueba nuevo convenio para reestructuración de Oceanografía

Un juez federal aprobó por tercera ocasión un convenio para reestructurar la deuda de la empresa Oceanografía, actualmente en quiebra. Esto le permitiría retomar actividades a la compañía fundada en 1968 si se cumplen las condiciones previstas, de acuerdo con información del diario Reforma; no obstante, primero deberá superar una previsible apelación de acreedores inconformes. Felipe Consuelo, juez tercero de Distrito en Materia Civil, aprobó el convenio propuesto por Amado Yáñez, dueño de la empresa naviera, el cual prevé retirar el 96% de las deudas que tiene, las cuales suman casi 12,000 millones de pesos (mdp). El acuerdo crea un fideicomiso al cual serán entregada la treintena de barcos que aún posee Oceanografía, a fin de que reciba todos los ingresos por nuevos contratos de servicios petroleros que la empresa consiga y así ir pagando a los acreedores. Según el juzgador, el convenio fue aprobado por los dueños de 50.9% de la deuda de 2 mil 365 millones de UDIS que se reclaman, apenas el mínimo legal requerido para el aval, indicó Reforma. Entre los acreedores que dieron el “sí” al convenio están fondos de inversión que poseen deudas por 335 millones de dólares y que tienen como garantía nueve buques petroleros; en contraparte, Citigroup y Pemex Exploración y Producción se opusieron, pero ellos detentan menos de 2% de las deuda de Oceanografía. Ante este escenario, agregó el diario, es posible que el nuevo convenio sea apelado; además, su éxito depende de que Yáñez consiga capital para echar a andar la flota y obtener nuevos contratos. La empresa Oceanografía fundada por Amado Yáñez como proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la que prevenía el 97% de sus ganancias, se ubicó en el ojo del huracán en febrero de 2014, cuando Citigroup denunció un fraude de 400 millones de dólares por un crédito de 585 mdd que Banamex, su subsidiaria en México, otorgó a la empresa. Tras esa investigación, la PGR intervino la compañía y aseguró sus bienes, cuya administración quedó a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Sin el aval de sus acreedores, el 9 agosto de 2016 fue declarada en estado de quiebra. Su director fue encarcelado en octubre de 2014 y posteriormente puesto en libertad tras el pago de una fianza de 7.5 millones de pesos.